Mujer, seguridad

y movilidad cotidiana:
la reivindicación
de género en periodo
de crisis

Adriana I. Olivares González

Coordinadora

Autores

Carlos Alberto Crespo Sánchez

Marco Francesco De Paolini

Daniel González Romero

Érika Loyo Beristáin

Adriana I. Olivares González

María Teresa Pérez Bourzac

Mujer, seguridad y movilidad cotidiana:

la reivindicación de género en periodo de crisis

Adriana I. Olivares González

Coordinadora

Autores

Carlos Alberto Crespo Sánchez

Marco Francesco De Paolini

Daniel González Romero

Érika Loyo Beristáin

Adriana I. Olivares González

María Teresa Pérez Bourzac

Diseño de colección e interiores: Estudio Tangente, SC.

Fotografía de portada: © 2015 Gabriela Sánchez, Marcha del 8 de marzo.

Primera edición

D.R. © 2022 Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Instituto de investigación y Estudio de las Ciudades

Universidad de Guadalajara

Av. Juárez 976, Centro, CP 44100,

Guadalajara, Jalisco, México.

ISBN: 978-607-571-547-6

Editado en México

Edit and made in Mexico

COMITÉ EDITORIAL 2020-2022

editorial@cuaad.udg.mx

www.cuaad.udg.mx

Presentación

Patricia Rosas Chávez
Directora del Instituto Transdisciplinario de Literacidad

La obra que han escrito los investigadores del Instituto de investigación y Estudio de las Ciudades de nuestra casa de estudio aborda una temática absolutamente pertinente, no solo porque trata de problemas muy actuales colocados en la agenda pública, sino porque sus aportaciones se circunscriben a una tendencia creciente sobre el urbanismo feminista que clama por espacios seguros, incluyentes y equitativos para las mujeres.

Los temas abordados en esta obra nos presentan los diversos matices de un tejido que con el paso del tiempo se ha enmarañado teniendo como ingredientes principales la inequidad/desigualdad, la violencia, y la inseguridad. Todo esto tiene un tiempo: ahora; y tiene un lugar: la ciudad. La ciudad que se vuelve maldita para las más desprotegidas: las mujeres. Mujeres que viven bajo la sombra de la angustia y el miedo. Esta realidad que aparenta salida de la literatura clama soluciones; pero éstas no son fáciles de obtener. Se requieren nuevas miradas, nuevas formas de pensar y poner en acción a los campos de conocimiento y a la tecnología para responder a un fenómeno en descomposición creciente.

Crespo desentraña la raíz de estos miedos a partir de un análisis puntual de los componentes de la percepción de inseguridad, señala que esta percepción no se padece de igual manera. El género femenino la sufre de manera más violenta por las diversas situaciones que las mujeres enfrentan en la calle, desde los acosos, las agresiones sexuales hasta los feminicidios (p.12). Esta realidad de ciudad no tiene fronteras y es la razón de que las Naciones Unidas planteen programas de “Ciudades más Seguras” para niñas y mujeres (p.6). En este sentido, Olivares y De Paolini aportan datos valiosos derivados del diagnóstico sobre violencia contra las mujeres con observaciones en el transporte público (p.56) y las condiciones físicas del espacio (p.67-84).

Por su parte, Pérez Bourzac aborda también el derecho a la ciudad desde la lógica de los Derechos Humanos, pero con la intención de superar la tentación de convertirla en mero “instrumento técnico o en retorica retórica institucionalizada” (pág.91), aludiendo a los momentos de crisis como la COVID-19. En la misma sintonía, González Romero se enfoca en las desigualdades de género destacando que ante la debilidad institucional las brechas se ensanchan justo en momentos como el actual (p.26).

Finalmente, Loyo Beristáin nos muestra una posible salida a través de las ciudades cuidadoras. Éstas son “las que ponen al centro la igualdad y la sostenibilidad de la vida como un eje del desarrollo” (pág.45) y esto lo hace además desde la óptica de género, pensando en el derecho de todas y todos a la ciudad, y entonces la planeación, los espacios públicos, la infraestructura, la movilidad, y el patrimonio deben estar pensados en función de favorecer el sano desarrollo de éstas, pero considerándonos siempre parte del ecosistema, y desde ahí al cuidado planetario (p.52-53).

La ciudad es nuestra, pero nos la han arrebatado. Nuestros colegas de la UdeG se han propuesto encabezar una trinchera para que nos la devuelvan. Lo hacen por la vía del razonamiento y la creatividad apoyados en el sueño de construir ciudades cuidadoras, incluyentes, seguras, para todos y todas. Auguro una lectura amena y llena de aprendizajes no solo para los interesados en el urbanismo sino para un público muy amplio: desde el académico hasta el de las ciudadanas que claman por el espacio público que les ha sido arrebatado por el miedo, la inequidad y la inseguridad. ¡Buen provecho!

Introducción

Las paradojas de la lucha de la violencia contra las mujeres en Jalisco, México y el urbanismo feminista

Adriana I. Olivares González

Han pasado cuatro años desde que el Instituto Jalisciense de las Mujeres dio la oportunidad de participar en la elaboración del Programa de prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidad cotidiana y en el transporte público urbano al equipo de investigadores de la Universidad de Guadalajara que participan en esta publicación, que más tarde formarían el Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la Red Universitaria, trinchera desde la cual hoy realizan sus aportaciones al estudio de la complejidad y amplia diversidad urbana.

Con los resultados de investigaciones previas, elaboradas por el IJM, así como con otros datos emanados del gobierno federal y de las instituciones involucradas en la seguridad y la movilidad urbana en el Estado de Jalisco, se preparó un análisis estratégico que consideró la complejidad y diversas escalas del problema de la movilidad urbana de las mujeres, que dio lugar a la integración de cuatro ámbitos estratégicos que integraron el “Programa de prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidad cotidiana y en el transporte público urbano”:

Generación y difusión de información actualizada y oportuna.

Educación para el cambio cultural hacia la igualdad de género

Espacios públicos y movilidad urbana seguros para las mujeres, seguros para todas y todos en los espacios de confianza

Transporte público seguro para las mujeres, seguro para todas y todos

Si bien en México y particularmente en Jalisco se ha logrado institucionalizar desde los gobiernos federal, estatal y municipal la política para atender la equidad de género y la violencia contra las mujeres, es aún muy escaso el diseño transversal de políticas públicas, programas y proyectos, en particular, en el desarrollo urbano y de movilidad, ya que la coordinación institucional es muy escasa por falta de voluntad política o por que los procedimientos son complejos.

En esta ocasión parecían estar los ingredientes necesarios para desarrollar de manera transversal el programa mencionado, bajo el liderazgo del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con la participación de la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Seguridad y los municipios centrales que integran el Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopán y Tlajomulco. Poco tiempo después, con el inicio del Gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024), desaparecieron tanto el Instituto Jalisciense de la Mujeres como la Agencia Metropolitana de Seguridad, mientras que la Secretaría de Movilidad cambió su denominación a Secretaría de Transporte, dejando en el limbo las aportaciones que se rescatan en esta publicación y se examinan a cuatro años de la colaboración a partir de los resultados y asuntos que aún quedan pendientes: la ciudad segura y el derecho a la ciudad como realidades postergadas o inciertas; la movilidad segura de las mujeres y la propuesta teórico-práctica de los espacios de confianza; la experimentación con métodos nuevos para analizar la relación entre el espacio y las mujeres desde la perspectiva de género; la desigualdad en materia de género y la crisis actual emanada de la pandemia por COVID-19 así como la propuesta de un nuevo marco referencial para repensar la ciudad desde el cuidado.

El derecho a la ciudad desde el urbanismo feminista

El abordaje del derecho a la ciudad desde la perspectiva de género no es nuevo. Sus primeras aportaciones residen en las luchas de colectivos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, que desde finales de los años 70 pusieron los cimientos de los presupuestos teóricos y prácticos de los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva en las ciudades. La ciudad como un territorio de evidencia y crecimiento de las desigualdades entre las que destacan las relaciones de género es también el escenario propicio para la lucha de las mujeres por sus derechos, como afirma Levi (2003) precisamente porque sus condiciones de aglomeración, sobre todo en países en desarrollo, les sitúa como lugares de la organización colectiva.

De acuerdo con Gamba (2008), al finalizar la Segunda Guerra Mundial surge el Feminismo como movimiento social, también denominado Nuevo Feminismo, con una orientación eminentemente urbana, que resulta en el derecho de las mujeres al voto en varios países de Europa, donde destaca Simone de Beauvoir (El segundo sexo, 1949) y Betty Friedam (Mística de la femineidad, 1963). A partir de la premisa de que no es posible un cambio socio económico sin una transformación de las relaciones entre los hombres y las mujeres, de manera que los temas de mayor tratamiento son los siguientes:

“(…) la redefinición del concepto de patriarcado (…), el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia (…), la división sexual del trabajo (…) y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de espacios públicos y privados -a partir del eslogan “lo personal es político”- y el estudio de la vida cotidiana” (Gamba, 2008, pág. 3)

La heterogeneidad de los movimientos feministas generó en los años 80 una aparente desmovilización de las mujeres, que, sin embargo, derivó en importantes avances teóricos, entre ellos el derecho a la ciudad desde la perspectiva de género. Asimismo, desde la institucionalidad se logró colocar en la agenda pública la emancipación de las mujeres (ONGs, organismos internacionales como ONU-Mujeres, etc.) con especial énfasis en la diversidad entre las mujeres. Esto se observa con mayor fuerza en América Latina con unos feminismos más autónomos y radicalizados sobre todo en Brasil, México, Perú y Chile (Gamba, 2008).

En este contexto, los estudios feministas y de género han hecho importantes aportaciones a la reflexión sobre el derecho de las mujeres a la ciudad, entendido como un “derecho colectivo en construcción universal que contempla el disfrute de una vida urbana renovada, toda vez que hace de la ciudad un lugar para el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y la vida en condiciones de dignidad, calidad, y bienestar.” (Montoya, 2012, pág. 113).

La ciudad y su relación con el género, desde la perspectiva de la arquitectura, la sociología, la historia y el urbanismo cuenta con importantes aportaciones, de acuerdo con Montoya (2012), entre las que destaca Caren Levi (2003), quien trata la participación de las mujeres a partir del acceso a servicios urbanos necesarios para las actividades domésticas y desde su participación en movimientos sociales; y Caroline Moser (1998), quien analiza el rol reproductivo de las mujeres y sus necesidades en un contexto de subordinación en la sociedad. Destacan en Europa las geógrafas Doren Massey (Space, place and gender, 1994 y Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production, 1995) y Linda McDowell (Género, identidad y lugar, 1999) quienes incluyen el territorio y sus características como variables determinantes del rol de género (Montoya, 2012; Naranjo, 2018)

Entre las instituciones y organismos que destacan por sus aportaciones en los estudios de género desde los años 80, están el Institute of International Development de la Universidad de Harvard (Montoya 2012) y La Organización de las Naciones Unidas con importante influencia en América Latina y México: Genero en Desarrollo (1975), Red Mujer y Habitat (1998) ONU-Mujeres (2010) que incluye diversos programas para la construcción de ciudades seguras; la revista Gender, Place and Culture (desde 1994); Colectiu Punt 6 (desde 2005);

Desde la antropología y la sociología urbana destacan Teresa del Valle (1988-1995) que rescata la visión socio cultural desde el enfoque de género, Alejandra Massolo (Política y mujeres: una peculiar relación”, 1994) que aborda el rol político de las mujeres para el cambio social, y más recientemente, Alicia Lindón (Montoya 2012).

Ciudades Seguras: La institucionalización de las iniciativas para atender la violencia contra las mujeres

En 1996, se promovió el programa “Ciudades más Seguras” (PC+S) a partir de la solicitud de algunos alcaldes del continente africano, que proponían enfrentar la violencia urbana mediante el desarrollo de estrategias de prevención en las ciudades. Desde entonces el programa forma parte de la Agenda Habitat y ha desarrollado actividades en todos los continentes, tanto en el ámbito urbano como en el regional y nacional. Entre los factores centrales del programa, destacan el reconocimiento de la prevención del crimen como base de la seguridad y de la responsabilidad de las autoridades locales (UN-Habitat, 2007, pág. 1). En la actualidad, el enfoque de Ciudades más Seguras se está implementando en 77 ciudades localizadas en 24 países del mundo (UN-Habitat, 2017)

Sobre el modelo de Ciudades más Seguras destacan en México las siguientes iniciativas:

En 2008 se planteó el Plan Estratégico del Programa de Ciudades más Seguras 2008-2013 (PC+S) (Observatorio Urbano Local de Cacún & Universidad del Caribe, 2010, pág. 9)

En 2010 se propuso el “Programa de Ciudades más Seguras (PC+S)” impulsado por la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat (Observatorio Urbano Local de Cacún & Universidad del Caribe, 2010, pág. 9)

En 2010 los observatorios Urbanos Locales (OUL) y los Observatorios de Violencia Social y de Género (OVSG) fueron reconocidos por la CONAVIM y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como brazos técnicos del Programa de Ciudades más Seguras (Observatorio Urbano Local de Cacún & Universidad del Caribe, 2010, pág. 9)

En el ámbito internacional destacan

En el Foro Urbano Mundial de 2012 se lanzó la Red Global de Ciudades más Seguras RGCS (Global Network Safer Cities GNSC) (UN-Habitat, 2017)

El objetivo del programa “Ciudades más Seguras” es el siguiente:

“Crear una cultura de prevención y un entorno seguro para todos los habitantes urbanos mediante la ayuda a las autoridades locales, al sistema de justicia criminal, al sector privado y a los socios de la sociedad civil en sus esfuerzos para abordar la cuestión de la seguridad urbana y reducir la delincuencia y la inseguridad” (UN-Habitat, 2007, pág. 2).

La clave sobre la que ONU-Habitat fundamenta la prevención es la generación y aplicación de políticas públicas de largo plazo para la solución de los problemas sociales, económicos y de gobernanza en las ciudades, con atención particular a los grupos vulnerables.

Las principales áreas de prevención de ciudades seguras que maneja ONU Habitat son (UN-Habitat, 2007, pág. 5)

La prevención del crimen por medio del diseño ambiental, bajo la consideración de cambiar el ambiente físico puede ser un medio para reducir el crimen.

La prevención institucional: apoyo a las nuevas formas alternativas de justicia y actuación policial para acercar el sistema de justicia por medio de elementos de justicia restaurativa

La prevención social, cuyas acciones son destinadas a los grupos de mayor riesgo, principalmente mujeres y jóvenes.

Bibliografía

Gamba, Susana (2008) Feminismos: historia y corrientes, Diccionarios de Estudios de Género y Feminismos, editorial Biblos 2008

Levy, C. (2003), “Ciudad y género. Una ciudad más justa: el género y la planificación”, en Balbo, M., Jordán, R. y Simioni D. (Comps.), en Cuadernos de la Cepal. La ciudad inclusiva, ppág.237-259, Santiago de Chile, Cooperazione Italiana.

Montoya, A. M. (2012), “Mujeres, derechos y ciudad: apuntes para la construcción de un estado del arte desde el pensamiento y la teoría feminista”, en Territorios 27, pp.105-143

Naranjo, L. “Linda McDowell. 1999. Genero, identidad y lugar: un estudio de las geografias feministas.” Entorno Geográfico, no. 16, July-Dec. 2018, ppág.102+. Gale OneFile: Informe Académico, link.gale.com/apps/doc/A597252144/IFME?u=anon~97242b16&sid=googleScholar&xid=fd6f9790.

Peres, D. (2018) El enfoque “género en desarrollo (GED) y las conferencias internacionales sobre la mujer: Notas histórico-teóricas, X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018), Jaen, España.

ONU Mujeres, Acerca de ONU Mujeres, https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women

Derecho a la ciudad: reflexiones sobre reivindicación de género en periodo de crisis

María Teresa Pérez Bourzac

En todos los casos, en la medida en que la violencia contra las mujeres constituye la expresión más brutal de la desigualdad entre varones y mujeres, que se profundiza en función de las condiciones de vulnerabilidad de partes importantes de la población, cualquier estrategia dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres (en todas sus manifestaciones) deberá incluir necesariamente mecanismos para asegurar su autonomía física, económica y política.

Natalia Gherardi

En el año 2018, un grupo de investigadores del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades (IN-Ciudades), de la Universidad de Guadalajara¹, por invitación de la Dra. Erika Loyo Beristain, por entonces directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres del Estado de Jalisco (organismo eliminado de la estructura administrativa a la llegada de Enrique Alfaro Ramírez al gobierno estatal), participamos en un interesante proyecto bajo el titulo de Programa de difusión y prevención de violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco.

Dada la permanencia e impactos en la vida de las mujeres y las familias de este grave problema social y cultural, incluso judicial, de su reciclada presencia y actualidad a extremos antes inéditos durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, surgió la idea de retomar la experiencia, una parte de su contenido, para reflexionar y emprender la realización de este capitulo de libro.

“Después de largos años de lucha por visibilizar una problemática tan antigua como la humanidad, la preocupación por la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos de sus vidas ocupa finalmente un lugar en la agenda pública. Las variadas iniciativas implementadas desde hace al menos dos décadas reflejan el compromiso que se ha asumido en diferentes áreas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, desde distintos contextos y espacios geográficos globales, regionales, nacionales y locales. Aunque cada vez se acepta menos que la sociedad o sus autoridades pasen por alto manifestaciones expresas de violencia contra las mujeres, también es cierto que la persistencia de esta problemática dice más sobre los déficits de las políticas públicas que sobre los logros alcanzados” (Gherardi, 2012 p:17).

En el periodo y contexto reciente del siglo XXI, en el que las luchas de las corrientes feministas han reciclado su presencia y tomado auge y visibilidad, se hace necesario explorar su esencia para el seguimiento y participación en una lucha cuyo objetivo tiene causa, motivo y justificación, hacia el provenir de las comunidades humanas. El valor de la dignidad humana está sustentado hoy en día por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y por los diversos, aunque coincidentes, lenguajes constitucionales.

La ciudad como derecho

Las primeras leyes y constituciones sociales de entreguerra, en suma, intentaron dar respuesta simultánea a la cuestión laboral y habitacional. Para ello, plantearon conjuntamente temas como los de la reforma urbana y la reforma agraria. También sentaron las bases para un control público, democrático, no sólo de los procesos de producción sino también de los procesos de urbanización. El ascenso del nazismo y del fascismo y el estallido de la guerra terminaron drásticamente esa posibilidad

Gerardo Pisarello

La realidad cotidiana a lo largo de la historia ha demostrado que la esencia gregaria de los seres humanos se significa funcionalmente en la estructura material edificada sobre un territorio socialmente organizado denominado ciudad; espacio dominante en el que se mueven las realidades vividas por quienes allí habitan. Espacio que simboliza la cultura e imaginario de las comunidades en sus particularidades, y en lo común, que les identifica. Pensar en algún derecho, si se alude a los habitantes de la ciudad, desde la base de construcción conceptual, alcanza para hurgar en la consideración de un orden establecido para la vida en común, transformado en normas de cumplimiento general y del que emana la estructura y organización que les administra, al igual que las formas y medios de convivencia.

Si se trata de un territorio en el que se asienta un grupo de personas que lo habitan, se asume que este tiene una serie de propiedades que son compartidas por el conjunto social que le da vida. En esta simplificación para los fines de esta investigación –quizá demasiado esquemática–, se entiende que el derecho de todos a vivir y participar de los bienes comunes y el bienestar que se desprende de vivir lo urbano, habitar en la ciudad, es un derecho compartido en igualdad, sin excepción. Esa es la base de la idea del Derecho a la Ciudad en su entronque con los Derechos Humanos y los que se desprenden de la aplicación del concepto; aún asumidas las contradicciones que cualquier sistema económico, político y cultural contiene.

En primer lugar, un derecho no puede ser una pretensión arbitraria e inmotivada. Es una expectativa que alega razones y argumentos, que se estima “fundada”, “legítima” o, si se quiere, “justa” (…) el concepto del derecho humano es un proceso activo, emergente, utilizado desde hace varios años para referirse, habitualmente, a aquellas aspiraciones que todavía no están codificadas como derechos humanos y que algunos autores denominan derechos de tercera generación o derechos colectivos (Wilhelm y Pisarrello, 2008). De esta forma el Derecho a la Ciudad se entronca con otros derechos que se han sumado especialmente en los países de, relativo, sentido democrático, como son: derecho a votar y ser votado, a la salud, a una vivienda digna, al agua, al trabajo, a la libertad sexual y de género, y aquí el caso, los derechos de las mujeres a ser respetadas y no violentadas en cualesquiera de las acepciones que la violencia contenga, sea física o psicológica. Es en esta condición que el Derecho a la Ciudad se mueve al ámbito femenino o si bien se propone al de la mujer en toda su dimensión.

Una razón que se encuentra en este punto, en el hecho de que en las ciudades es el lugar en donde se reproduce geométricamente, en las últimas décadas, el problema de la violencia de género que, por diversas causas, entre estas la pandemia por la COVID-19, es cada vez más notable. La ciudad que contiene un espacio urbanizado como fuente de momentos de violencia y discriminación (Rodríguez, 2016), es el lugar en el que, esbozado por muchos estudios y noticias cotidianas, se ha agravado y lo sufren millones de mujeres en el mundo. No se evade que en las áreas rurales puede ser bastante crítico por las relaciones sociales conservadoras y tradiciones de predominio religiosas prevalecientes. Sin embargo, lo cierto es que las críticas condiciones socio económicas y culturales prevalecientes en todos los países, en unos más, en otros menos, en todos con pocas excepciones, contienen al mismo tiempo el germen de una cultura urbana machista que incide en este proceso de violencia que sitúa a la mujer en condiciones de vulnerabilidad y riesgo continuo.

Comúnmente el espacio abierto, público, se ha tratado como el sector de la ciudad, una especie de laberinto centralizado para vivir, que provoca que todo aquello que forme parte de la estructura funcional, espacial, se convierta en campo para ejercer violencia (parques, plazas, calles, etc.). Este ha sido con frecuencia motivo de investigaciones y propuestas de políticas públicas y programas de seguridad.

Fue recientemente cuando los rescoldos e impactos de la pandemia se introdujeron en los estudios sobre la violencia contra las mujeres, y los niños, el tema del hogar, como como un latente foco receptor, no nuevo, una larva y sombra que ha salido a la luz con brillo propio. Si bien, en parte, la relación conceptual del espacio social-urbano se ha ido modificando, al considerar la violencia ejercida tanto en lugar específico privado de incidencia como su recorrido en el espacio público urbano, en perspectiva, ambos ámbitos se conectan y obedecen a un mismo proceso histórico. Hoy día los acontecimientos que la Pandemia por la COVID-19, la confinación y sus efectos, han dejado ver su importancia como unidad espacial urbana en estrecha vinculación.

La violencia ejercida históricamente por un sector humano de la población: los hombres sobre las mujeres; se produce en un contexto único de dominación, la ciudad, su espacialidad pública y el entorno cerrado de los hogares que conforman la estructura social urbana y el nivel de reapropiación cultural de dominación masculina. Por lo tanto, la ciudad y la vivienda son contextos totalizadores en los cuales se produce y expone la violencia entre géneros ejercida de unos a otras, la que, no obstante, ciertos avances en las últimas décadas suponen la mitigación o reparación de ciertos comportamientos que tienen origen en procesos culturales aprendidos-repetidos. La escala de su incidencia refleja el tránsito de lo público conocido a lo privado descubierto -no desconocido- por la pandemia y el necesario confinamiento masivo.

El reto toma múltiples contornos, como todo trabajo que implica entrar en categorías conceptuales, en un área de debate cuya complejidad conlleva entrar en los ductos formales, vinculantes, de prolífico número de estudios y análisis desde perspectivas plurales, muchas veces confrontadas, sobre el tema durante las últimas décadas, especialmente si se trata de un problema de constante presencia y de trazado múltiple, como es la violencia de género y la vulnerabilidad de la mujer en el contexto de las ciudades.

En tal escenario, se hace cada vez más necesario realizar una construcción de ideas que contribuyan y configuren un amplio y continuo debate, para enfrentar las argucias del laberinto de una cultura tradicional (se dice machista), protegida por grupos sociales conservadores y tradiciones culturales obsoletas, que no cesan su lucha en su intento por conservar privilegios, posiciones de clase y poder. Tal tarea implica de partida expresar una postura clara, una convicción sustentada en conceptualizaciones y categorías de análisis que atiendan y sumen en este tema, que sabemos es andar sobre sendero plagado de relaciones y ataduras de rancia raíz histórica.

Se entra aquí en la articulación espacial del todo denominado Ciudad, con lo cual, se entiende que la espacialidad de este espacio figurado y producido socialmente, entre los ejes del poder, forma parte intrínseca en el tiempo de la culturización convenida y aplicada por medios directos; la educación, e indirectos; los medios de comunicación masiva, por poderes específicos, trasplantado al comportamiento de sus habitantes. La urbe y lo urbano como conjunto materializado totalizador de la presencia socio-humana es su producto. Por lo tanto si se refiere a la conceptualización, en apariencia sociológica del derecho a la ciudad, se registra que el circuito de lo privado y lo público forman una unidad en la que los comportamientos alusivos a la violencia de género, de agresión directa e indirecta hacia las mujeres, derivan sus variadas expresiones sin que en el fondo dejen de ser expresiones desplegadas, sea en el espacio abierto o en el cerrado, según garanticen estos un cierto nivel posible de ocultamiento social o anonimato.

Derecho a la ciudad en clave

La focalización sobre la presencia de las mujeres ha superado la etapa de verlas como víctimas del medio ambiente Urbano, sufriendo pasivamente las restricciones para verlas y conceptualizarlas como actores urbanos que contribuyen a edificar, modificar y reestructurar el entorno físico social en que viven

(Massolo, 1992, pp12)

Desde el punto de vista conceptual, este trabajo parte del ámbito de una crítica a la cultura dominante que estimula expresiones de violencia y discriminación practicada por toda la sociedad. En tal situación, una de las estrategias que han usado instituciones en el mundo para disminuir la violencia de género y construir sociedades más igualitarias, ha consistido en la transversalización del enfoque de género entre las políticas públicas, (CEPAL, 2014). El derecho a la ciudad, como afirmó David Harvey, “(…) no es simplemente el derecho a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos” (Harvey, 2008 en González, 2018, pág.40)

Desde hace más de medio siglo, en el centro de la atención y el debate político, académico y cultural, se encuentra la reapropiación del título y contenido del libro de Henri Lefebvre El derecho a la ciudad (1967 primera edición en francés), una de sus obras más importantes, de entre una muy amplia producción. Su contenido comprende un severo análisis del contexto urbano-social resultado de la transformación moderna de las ciudades. Su análisis crítico fue una constante que abarcó la totalidad social, política y económica, lo que incluía a los profesionales de la planeación y la administración pública, lo mismo a los actores y gestores privados. (Lefebvre, 1968)

En su amplia obra trató con agudeza los problemas de las ciudades y la vida de sus habitantes en aquella etapa de modernización y sus resultados en la vida de la sociedad, hechos que resultaron en la generación de elevados índices de segregación y pobreza espacial. Según su hipótesis, el sujeto principal en la producción y edificación de la ciudad son los trabajadores, que anexan el valor de su trabajo para la continua transformación y construcción de las ciudades, y por lo tanto merecen y deben participar en las decisiones que le dan existencia y continuidad.

Lefebvre propuso en su paradigmático, y ahora recuperado texto de El Derecho a la Ciudad, una convocatoria intelectual y política a la necesaria acción social, para reencauzar el desarrollo de las ciudades inmersas en la modernización funcional del capitalismo, situado en la construcción de un orden urbano racionalista especulativo que se impuso a las urbes a través de la planeación urbana; situación en la que el Estado se asumió, desde entonces, como el papel de garante de la igualdad y el orden urbano en conflicto.

En el contexto del presente, en crisis cíclica, confrontados los efectos territoriales de la realización de una globalización activa y dinámica que se envuelve en la contienda por la mejora de la vida pública, la importancia que ha tomado la recuperación del contenido del libro de Lefebvre, ha provocado que diversos documentos sigan su contenido intelectual. Estos documentos comprenden desde la aceptación de gobiernos nacionales para incluirle en sus documentos esenciales, hasta aquellos que son resultado de acuerdos internacionales entre naciones e instituciones, organismos académicos y comunidades sociales, entre los que destaca ONU-Hábitat que lo toma como eje transversal de la Nueva Agenda Urbana presentada y discutida en el marco de Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), desarrollada en Quito en 2016.

El Derecho a la Ciudad debe interpretarse desde los Derechos Humanos para superar las intenciones de convertirle en un simple instrumento técnico o en retórica institucionalizada. En este sumario, el concepto de discriminación aporta un contenido sustancial al caso de la espacialidad y funcionamiento de las ciudades, que soporta la relación entre los individuos y la igualdad de derechos. El derecho a la ciudad se enfoca, así, desde los derechos humanos que reivindican el uso y disfrute de la ciudad por todos y todas. Actualmente se asume entre comunidades sociales e intelectuales, gobiernos e instituciones de toda escala e importancia, que ese derecho debe ser una condición del futuro para todos, sin reserva de raza, credo, posición económica, social o de género.

Las ciudades son el territorio de lo urbano y asiento de la transformación de la vida social, económica y política. Su espacialidad contiene hoy transformaciones que resignifican el espacio público que integra el lugar donde acontecen y se formulan las interacciones sociales, el uso del tiempo, las formas de movilidad y de comunicación. Su entramado conforma el proceso histórico en el que se establece el comportamiento socio-simbólico de dominación masculina, que se expresa en actitudes que configuran un marco de discriminación y la práctica de acciones de violencia y acoso, que atentan a la seguridad y desarrollo integral de las mujeres.

El espacio público es el lugar de interacción social y de construcción de identidades colectivas, pero también es el producto de interrelaciones sociales que alimentan el proceso de producción y reproducción de ese espacio a través de prácticas sociales de dominio y resistencia de las y los actores sociales. En consecuencia, el espacio público es tanto el lugar geográfico de la acción (contenedor) como el lugar que da la posibilidad de formar parte de esa acción.

De ahí que sus dimensiones no sean sólo físicas sino también sociales y simbólicas. Dicho espacio, como afirma Vargas,

no es un contenedor neutro de los hechos sociales, pues si bien las características del espacio pueden ser determinantes en las conductas sociales, estas conductas también inciden en la construcción de determinadas características de ese espacio. El espacio, entonces, no es una variable explicativa más, sino la que está en la constitución misma de las relaciones sociales y se encuentra, por lo tanto, lleno de poder y simbolismo. (Vargas en Rozas, Patricio; Salazar, Liliana, 2015, pág. 82)

La planificación urbana que implica atención a lo público, como instrumento de gestión del espacio como totalidad, bajo la perspectiva de Borja (2003) de que la ciudad es el espacio público, está basada en relaciones de poder, (al igual que el privado si se entiende la clave de dominación económica del sistema capitalista). En ese sentido, el urbanismo moderno diluyó la relación histórica entre las diferentes tipologías del espacio público volviéndolo un espacio sin forma definida, no delimitado, donde las personas pocas veces se encuentran.

El diseño urbano, los espacios públicos y la ausencia de lugares para el encuentro hizo que la ciudad se desarrollara en la etapa moderna solo pensando en la productividad de las personas y no en sus verdaderas necesidades sociales. La intención como proyecto de ciudad se mantuvo hasta nuestros días, de ahí que las ciudades se planifican promoviendo la segregación de los usos, el suelo como mercancía y el mobiliario urbano adecuado para el encuentro y la socialización se mediatiza, y en algunos casos solo se pensaron para recorrerlos sin detenerse y sin interactuar.

La zonificación propuesta desde el urbanismo moderno, especializó la calle en la función de circular, quitando a este espacio público su capacidad para promover el encuentro social, situación que debería revisarse en el tiempo de la postpandemia. Desde la perspectiva de la movilidad cotidiana sin conductos que articulen la seguridad de sus usuarios, la calle especializada en la función “circular”, la convierte en un espacio inseguro, ya que en el centro de la seguridad está la vigilancia natural, es decir, la que los habitantes realizan al apropiarse del espacio de socialización (Jacobs, 2011).

De acuerdo a Miralles, las características del territorio de la ciudad que promueven la generación de dinámicas de proximidad son: la extensión, la densidad de habitantes y de puestos de trabajo, las características del espacio público vinculadas a la compacidad, multifuncionalidad y la presencia de infraestructuras para la convivencia de velocidades diferentes asociadas a los desplazamientos no motorizados –peatonal y ciclista- y motorizados –público y privado- (Miralles-Guash, 2013).

Las dinámicas de proximidad son una estrategia que puede generar una mayor igualdad en el uso de la ciudad, sobre todo en la población más vulnerable por ingresos, edad, capacidad, género y etnia; que tendría accesibilidad a bienes y servicios. De hecho, las dinámicas de proximidad han emergido como procesos de resiliencia socioeconómica en las urbanizaciones y asentamientos más pobres, periféricos e inaccesibles de las ciudades (Olivares, 2016). Las dinámicas de proximidad ligadas intrínsecamente al derecho a la ciudad tienen, por lo tanto, un alto nivel de relación.

Considerando escalas de movilidad de las mujeres, la de proximidad, que se desarrolla en barrios donde se localiza la vivienda y la de no proximidad, que se desarrolla en la escala urbana o metropolitana, se necesitan infraestructuras diferentes para facilitar la movilidad cotidiana. En el entorno de la vivienda donde se deberían resolver las necesidades cotidianas no ocupacionales (trabajo y educación) se demandan infraestructuras que promuevan, en condiciones de seguridad, la movilidad no motorizada, tanto peatonal como ciclista; mientras que para los desplazamientos metropolitanos se requiere accesibilidad a un sistema integrado de transporte público confiable, seguro, asequible e incluyente, así como a infraestructuras que faciliten la movilidad en transporte privado (automóvil o motocicleta)

Según Buckingham, al analizar el Derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, existen cinco puntos a considerar, que mantienen entre si una relación dialéctica, uno no puede existir sin el otro. “La seguridad en ambientes urbanos, … la infraestructura y el transporte público, … la proximidad entre viviendas, servicios y empleos, … romper la dicotomía de esferas públicas y privadas y … la participación en la toma de decisiones, gobernanza y planificación” (Buckingham, 2011, págs. 7-10).

Estos puntos son importantes y deben ser tenidos en cuenta en cualquier debate sobre el derecho a la ciudad para la re-significación de la historia tomando en cuenta el punto de vista de las mujeres y con las mujeres.

Ciudad, movilidad y espacio de confianza

Entender la movilidad del conjunto humano que se mueve en las urbes, si se trata de la mujer, especialmente en las grande metrópolis, es aludir y tomar el transporte público, por su dimensión y efectos sobre la comunidad urbana total para ahondar en las características que nos permiten analizar una parte del problema, porque es … a través de medios de transporte seguros, asequibles y extendidos que las mujeres pueden ejercer totalmente sus derechos a una ciudad segura y así ejercer su participación activa en la vida de las ciudades.

Shelley Buckingham

En una nota informativa del 18 de noviembre del 2015 la Comisión Económica para América Latina – CEPAL – declaró que:

El disfrute y apropiación del espacio público en las ciudades es un indicativo de la calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes. En América Latina, la calle y el transporte público no son territorios neutrales y los grados de libertad vividos por hombres y mujeres al transitar la ciudad son distintos. La salida de las mujeres al ámbito público ha sido un avance en su autonomía, sin embargo viven sus desplazamientos de manera desigual, ya que además del miedo al robo o el asalto, está el temor a la violación o al secuestro, y se encuentran expuestas a una forma de violencia cotidiana que se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico que tiene efectos específicos negativos sobre el modo de vivir la seguridad en la calle (…) Las principales víctimas de acoso en el espacio público, tanto en la calle como en el transporte público, son las jóvenes. En Lima 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso callejero (2013), En Bogotá y Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público (2014), y en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero (2015, pág. 1).

Así, el derecho a la ciudad desde la movilidad urbana cotidiana y la igualdad de género significa que las mujeres de todas edades y capacidades tengan la posibilidad de desplazarse con libertad en la ciudad para participar en las actividades básicas de la vida cotidiana -trabajo, educación, abasto, ocio, recreación y política- de manera que, mientras mayor sea dicha participación mayor será su inclusión en una determinada sociedad y ciudad. Por lo tanto, si el nivel de servicios de transporte y las condiciones del territorio para la movilidad puestas a disposición de las mujeres no logra seguir el ritmo del miembro promedio de la sociedad, no será posible avanzar hacia la movilidad urbana con equidad de género y al derecho a la ciudad. (Olivares, 2017)

Si el derecho a la ciudad supone no solamente el derecho a usar lo que ya existe en los espacios urbanos, sino también a definir y crear lo que debería existir con el fin de satisfacer la necesidad humana de llevar una vida segura en los ambientes urbanos, es necesario establecer acciones urbanas orientadas a garantizar ese derecho y es en este sentido, como resultado de la investigación realizada en el 2018, permitió diseñar una propuesta (la que por motivos desconocidos, nunca se pudo exponer a autoridad alguna, más allá del IJM), denominada Espacios de Confianza la que de alguna manera presentaba un enfoque diferente, se puede decir alternativo, del de Ciudades Seguras, que fue prolíficamente celebrada con declaraciones y proyectos que se quedaron en el papel, porque en el fondo y de partida, se creía que, constituía una tentativa, casi solo hipótesis, sobre una realidad cuya extensión, abre y limita, ya que la seguridad -más en tiempos de violencia, reciclada a niveles nunca antes sucedidos- no es un atributo que se otorga declarativamente y si se comprende la extensión urbana del problema, las grandes ciudades son una red de espacialidades urbanas diferenciadas por sus carácter y particularidad socio-ambiental.

La clave para entender las particularidades del derecho a la ciudad de las mujeres está en entender que las experiencias diarias de las mujeres en las ciudades son el resultado directo de las interpretaciones sociales de género y espacio (Buckingham, 2011, Montoya, 2012). Por lo tanto, el espacio debe analizarse considerando los diferentes actores y funciones que participan en la creación de la vida cotidiana, programada hacia donde localiza las condiciones vulnerables para la mujer y destaca la violencia. Por lo tanto, espacios de confianza en una introducción de acciones operativas en contextos y entornos claves de las urbes.

La construcción de la categoría conceptual y técnica de Espacios de Confianza, se pensó entonces, es la pieza que debe vincular los conceptos con las acciones, en este se encuentra la redefinición preventiva y diseño de sitios y ambientes, para entender la articulación del espacio público y el privado, de la plaza y la calle al hogar, su función como unidad, desde la perspectiva de género y su vinculación con la movilidad que hace de la ciudad un derecho para todos y todas.

La construcción de esta categoría teórica y técnica fue, en aquella oportunidad, la pieza que vincularía los conceptos con las acciones prácticas para la redefinición del espacio público y su función metropolitana desde la perspectiva de género y su vinculación con la movilidad, el transporte público y el comportamiento social en la casa y la familia. El medio, activo y dinámico, como principio, para convocar la reflexión y al mismo tiempo actuar colectivamente con el objetivo de prevenir y evitar la violencia y el acoso (no solo sexual) que sufren las mujeres. Erradicar en lo posible la falta de respeto que signifiquen atentar a su dignidad.

Por diversos motivos, en México sucede que a diario la utilización del transporte público y el transitar por el espacio urbano para acceder a este servicio como necesidad cotidiana implica un sumario de obstáculos para que la mujer desarrolle sus cualidades culturales y sociales, productivas: profesionales, familiares y cotidianas. “A “menudo la mala calidad y el bajo mantenimiento de estos espacios reflejan una disminución de la calidad física, económica y social de una ciudad, a la vez que alientan una espiral del declive”. (Gehl, 2010, p.17)

Según un estudio de la CEPAL, realizado en varias grandes ciudades de América Latina:

Conforme se ha masificado el uso de los servicios de transporte público en los espacios urbanos, asociado a las crecientes tasas de urbanización y a la concentración de la población en conglomerados urbanos, ha emergido una nueva arista de la seguridad del transporte vinculada a la violencia de género que también se debe enfrentar como problema relevante de la gestión reguladora del sector. Específicamente, se trata de conductas que corresponden a prácticas de acoso y abuso sexual ejercidas mayoritariamente (pero no exclusivamente) sobre mujeres usuarias del transporte público.” (Rozas, Patricio; Salazar, Liliana, 2015, p.7)

El reto de construir y compartir Espacios de Confianza en las áreas urbanas y metropolitanas, si bien se debe asumir que es una responsabilidad de las autoridades otorgar garantías de seguridad sin distinción alguna a toda la comunidad en un marco de respeto inalienable a los derechos humanos y al pleno disfrute de la ciudad, es también, y sobre todo, un proceso que atañe al conjunto de los habitantes de la ciudad. Se entiende, de esta forma, en el marco de un esquema de proyección prospectiva y el reto de generar espacios en los que confluyen diversas variables y niveles de actuación: en este contexto, es imprescindible recobrar con decisión, la observancia de derechos y obligaciones concernientes a los derechos de las mujeres en la ciudad, proteger su desplazamiento por el espacio urbano elegido, dar importancia a las relaciones que se encuentran vivas al interior de los hogares en el marco del día a día, como una tarea educativa y ética de todos como comunidad, que supone un acuerdo de orden y convivencia.

Cuando se aborda el problema de la violencia, el acoso sexual y falta de respeto hacia ellas, es necesario ampliar la visión del problema y articular al mismo tiempo el uso de los espacios públicos por los que transitan como itinerarios seguros, y, transversalmente en esto, los equipamientos e infraestructuras que hagan posible la meta de eliminar tal situación en nuestra cultura social. Lo mismo debe accionarse respecto al ámbito de la vida en hogares.

El proyecto bajo el título Espacios de confianza, consideró una serie de acciones que van desde el análisis y transformación de las cualidades del espacio público para fomentar la movilidad en sus diferentes escalas, indagar y transformar el diseño ambiental de lugares, activar esquemas y sistemas de vigilancia institucional; hasta el acceso a información actualizada y oportuna que guiasen las acciones y el estudio de conductas sociales reprobables para generar acciones que desde la educación promuevan un cambio cultural paulatino hacia la igualdad de género.

El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a ratificar sus cualidades sociales y humanas a partir de las aspiraciones más profundas en un marco de igualdad y no discriminación. Es el derecho a vivir en un espacio de confianza y seguridad, creando un entorno urbano cualitativamente diferente y participar activamente de su realización.

Es esencial de la generación de espacios de confianza, es la proyección desde los cuales se produzcan y realicen nuevos escenarios y lugares de seguridad para las mujeres y como estímulo para la apropiación del derecho a la ciudad, segura y para todos.

Un confinamiento revelador

El desplazamiento de grandes núcleos de población, que, en el elucidario de la modernidad, que se remontan al siglo XIX, con la eclosión de la cuestión social, la producción industrial, la migración y con esto de lo urbano, vino a revelar que aquella condición de violencia que afectaba a la mujer a lo largo de la historia previa significaba un estigma cultural y también una flaqueza social. Conforme avanzó en el siglo XIX y XX, el proceso de incorporación de la mujer a su participación en la educación, la economía, las artes y la política, la disputa por incluir sus actividades cotidianas en la ciudad ha caminado, entre incesantes luchas, por alcanzar niveles, a veces, elementales de respeto a su dignidad, que entroncan al mismo tiempo promisorias reivindicaciones y lamentables retrocesos, que suscitan dudas sobre qué tan capaz es la humanidad, regida por hombres, de superar los infortunios que viven en el mundo las mujeres, los acosos y la violencia, para emprender otra vía hacia un futuro igualitario (ONU 1996, 2010).

Está claro que la dimensión del problema es de orden mundial; ningún país o sociedad se salva de contener manifestaciones de este tipo, diferente en su naturaleza y umbral cultural. La violencia de género se ha acentuado o se conocen hoy más a fondo sus manifestaciones, que se ha agudizado debido al confinamiento que mantiene a muchos países en esta pauta socio humana y de salud.

Según declaraciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y de ONU Mujeres, alrededor de 750 millones padecen violencia a manos de sus parejas o por otras personas cercanas, y una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25. En este sentido, estas organizaciones han expuesto que es alarmante que en la última década se ha retrocedido. Los márgenes de motivación de esta realidad tienen cierta base en la omisión de las autoridades en la aplicación de leyes ya existentes respecto a la igualdad y el respeto a la mujer en todos sentidos.

El director general la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que la violencia contra la mujer está presente en todas las culturas y subrayó su aumento durante la emergencia del coronavirus afirmando que “sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno, sólo podemos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo” (ONU, News, 2021, pág.2).

La pandemia afloró no solo sus raíces en el hogar o el espacio público, también sumó los imaginarios de dominación y violencia a través de la profusión de ingredientes que operan como generadores o canalizadores de mensajes cargados con lenguaje o imágenes discriminatorias, que se trasmiten abiertamente a través de muchos medios de comunicación comercial o en redes sociales, cuya influencia en el comportamiento hace que se perpetúen estereotipos de género que promueven desigualdades y contribuyen al contexto de violencia y discriminación endémica contra la mujer. Así, además, la pandemia dejó en la mesa de análisis la necesidad de reconsiderar a fondo las políticas públicas y ordenamientos legales, su aplicación sobre la violencia de género en la ciudad y los hogares, que incorporen la unidad esencial, espacial y humana indisoluble. Es necesario entender que se requiere con urgencia caminar hacia un mejor rumbo; superar los niveles de injusticia y corrupción que prevalecen en nuestras sociedades.

Quien defienda, sea cual sea su motivación, que la igualdad de géneros es un hecho, se equivoca por completo. Ni en términos de poder, ni de visibilidad, ni de remuneración económica, ni en lo que respecta a la seguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo se ha conseguido el sueño de la equidad, un sueño que comenzó a esbozarse hace ya tres siglos. No hemos dejado atrás el problema que la fertilidad, la constitución física, la explotación sexual y la belleza provoca. Las medias verdades han sustituido a la realidad. Los logros a medias (el sufragio, las leyes de igualdad, la presencia social) se han tomado como universales. Y sobre todo ello pesa un silencio, una ignorancia que nadie se molesta en desvelar (Freire 2004, págs. 5-6).

Reflexiones anexas del proceso

“Conocemos la historia del movimiento feminista a través de períodos denominados «olas»,1 momentos de la historia en que se han hecho más presentes los reclamos y las exigencias de las mujeres para obtener una igualdad real. Son movimientos que suben y bajan y que, en ocasiones, incluso dan la impresión de haber desaparecido. Cada ola ha significado la consecución de un conjunto de derechos para las mujeres: la educación, el derecho a voto, a ser representantes políticas, a la salud reproductiva, a la libertad de movimientos en las ciudades (también por la noche), al divorcio, al trabajo remunerado y al control de nuestras cuentas bancarias, a las tareas de cuidados compartidas... En la cuarta ola en que estamos inmersas —y que es, como las anteriores, internacional, transversal y horizontal”

(Muxi, 2019).

El Derecho a la Ciudad es abarcante (HIC, 2009), no delimita lo de fuera y lo de dentro; es una especie más de la lucha del feminismo en el mundo. La pandemia por la COVID-19 representa otra oportunidad para emprender un debate, más, sobre este grave problema, mujer, ciudad y hogar, que son un espacio único, lo mismo que hombre y mujer una misma especie. Un problema que involucra a todos.

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1 El grupo de trabajo estuvo compuesto por los investigadores Adriana Inés Olivares González, Daniel González Romero, Carlos Alberto Crespo Sánchez, María Teresa Pérez Bourzac y Marco de Paolini.

Rumbo a la construcción del nuevo paradigma de las ciudades cuidadoras

Erika Loyo Beristáin

A partir de la expansión del entorno urbano y el vaciamiento de los espacios rurales, las ciudades han enfrentado enormes retos que no solo refieren a su diseño y planeación desde la perspectiva urbana, sino también a todo aquello que deben de enfrentar para promover bienestar social, económico, ambiental, así como entornos más igualitarios y promotores del cuidado de todas las personas. La planeación y el desarrollo urbano no pueden ni deben estar aisladas de la igualdad como derecho y como eje fundamental de las relaciones entre hombres y mujeres.

ONU Hábitat declaró en 2017, durante el desarrollo de la reunión anual de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrollada en Santiago de Chile, que el diseño de las ciudades debería de incluir el cuidado como uno sus ejes transversales para disminuir las brechas de desigualdad, garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, así como para fortalecer y desarrollar la autonomía de las mujeres.

Las ciudades cuidadoras, son aquellas que ponen al centro la igualdad y la sostenibilidad de la vida como un eje del desarrollo. En el entendido de que las ciudades no son neutras, el denominado derecho a la ciudad también implica la necesidad de avanzar rumbo a estrategias integrales territorializadas de manera diferenciada entre hombres y mujeres, y para ello, es imprescindible hablar del cuidado como un acto inherente al desarrollo humano y eje de la sostenibilidad de la vida y en el que las ciudades, no han enfocado sus debates ni la planeación de su territorio.

En este estudio sostengo que es fundamental e imprescindible avanzar en un nuevo paradigma dentro del desarrollo urbano que no solo reconozca a las mujeres y sus labores del cuidado precarizadas, sino sobre todo que sea capaz de visibilizar el cuidado como un derecho, una categoría política y un bien público, considerando a su vez la igualdad de género como un elemento imprescindible para la gestión de la ciudad. A partir de ello, se pretende establecer los ejes de discusión para la formación de este nuevo paradigma colocando en el centro las necesidades y accesos a bienes y derechos de la primera infancia, el envejecimiento de la población urbana así como la necesidad de construir autonomía para las mujeres y los retos que esto último representa para las ciudades desde una perspectiva de planeación, desarrollo de vivienda, creación de infraestructura, transporte, seguridad y el diseño de espacios públicos. La intención es hacer visible la imprescindible necesidad de promover un nuevo diseño de gobernanza que no solo se enfoque en la seguridad, la movilidad y la territorialización; sino en los igualadores que se hacen indispensables para ejercer el derecho a cuidar y ser cuidado enfrentando el enorme reto que significa pensar en lo colectivo por encima de lo individual, desfamiliarizando y desmaternalizando los cuidados.

Desarrollo

El desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara ha concebido y desplegado un modelo de ciudad como un entramado que, desde su arquitectura socioespacial hasta las dinámicas de su funcionamiento, ha sido diseñado para transitar y movilizarse, pero no para cuidar ni cuidarse. Es sin duda una ciudad que ha acentuado las desigualdades sociales y las profundiza aún más si éstas se analizan desde el cuidado. La ciudad ha puesto en crisis el mantenimiento y equilibrio de la vida cotidiana porque no interpreta y tampoco quiere entender e incorporar el cuidado. Si se trata de movilidad el eje oficial es la rapidez y la seguridad. Si se trata de vivienda, el eje es el dinero y la precariedad, pero no el bienestar. Si se habla de trabajo, el eje interpretativo es a beneficio del mercado, no de las personas y de la construcción colectiva. La ciudad no cuida, no promueve el cuidado ni ayuda a autocuidarse.

Karina Batthyány (2021) señala que en el debate sobre el cuidado centrado en América Latina y el Caribe, existen al menos cuatro miradas analíticas:

Economía del cuidado: con fundamento en la economía feminista y la economía del cuidado que se centran en las desigualdades de género desde una visión de la cotidianeidad en donde también se debate en torno al trabajo y sus desigualdades. Concibe el cuidado como el centro de la reproducción de la vida y se concentra en el análisis de usos de tiempo de cuidado y tareas no remuneradas dentro de los hogares, la oferta y demanda de cuidados y el análisis de la representación del trabajo de cuidados en el PIB. Importante es señalar que quienes han trabajado esta visión analítica, aún debaten en torno al concepto mismo de la economía del cuidado.

Cuidado como componente del bienestar: analiza y comprende el cuidado desde los regímenes de bienestar y lo visibiliza el como uno de los derechos de la ciudadanía social. Analiza el papel del Estado en la provisión del cuidado e intenta definir los componentes de su organización social a partir de lo que denominan el “diamante del cuidado” en el que intervienen el Estado, el mercado, la familia y la sociedad.

El derecho al cuidado: analiza la posibilidad de desfamiliarizar y desmaternalizar el cuidado para asegurar un ejercicio de la ciudadanía y promover que el Estado lo garantice a todas las personas que lo requieran.

La perspectiva de la ética del cuidado: analiza el componente ético, moral de los cuidados con alcance universal y no solo feminizado. Incluye un análisis de las emociones y las relaciones de poder que se generan en las relaciones de cuidado y hace énfasis en torno a la composición de dependencia e interdependencia desde la cual se tiene que analizar los cuidados.

El cuidado, plantea desafíos y debates metodológicos complejos debido a que está transversado por componentes éticos y morales que al mismo tiempo conviven con componentes políticos, económicos y sociales. De acuerdo a Joan Tronto, toda definición del cuidado es y funciona como una herramienta que nos ayuda a debatir y profundizar en la complejidad del concepto. Desde la perspectiva de la ética del cuidado, Carol Gilligan le definía desde la visión de la psicología en su libro In a Different Voice (1982), con un enfoque basado en la infancia entendida como una voz de justicia y cuidado que tendría que ser analizada desde una visión distinta. En 1990, Fischer y Tronto señalaban que el cuidado implicaba hablar de todo aquello que hacemos para continuar, reparar y mantener el mundo para vivirlo lo mejor posible. Gracias a los aportes de Fischer y Tronto, se comienza a analizar el cuidado como un trabajo, un concepto y un proceso holístico dividido en 5 fases: a) cuidar a… que significa responsabilidad, b) dar cuidados, es decir habilitar una competencia, c) recibir cuidados y por tanto tener reciprocidad, d) cuidar a quienes nos importa y e) cuidar con… confianza y solidaridad. A partir de ello, colocan al cuidado, como eje de la sostenibilidad de la vida humana capaz de unir una condición de dependencia, pero también de interdependencia de todos los seres humanos. Junto con estos componentes, Joan Tronto también expone que no toda labor de cuidado es una labor de amor, sino que también existe el cuidado “sucio” o de desarrollo y que implica todo aquello que una persona que cuida no quiere hacer y para lo cual se contrata a alguien más que lo realice. De igual forma, coloca en el centro del debate sobre la definición del cuidado la interpretación deontológica del mismo y que implica hablar de su composición ética y moral, lo cual ha generado desarrollos teóricos que nos hablan del cuidado como derecho, pero también como responsabilidad.

De acuerdo a Tronto (1993), la clave del cuidado está en develar y entretejer la compleja red que compone nuestra vida cotidiana en términos de reparación, mantenimiento y continuidad en donde el poder y las relaciones del poder también existen y son transversadas por el afecto. Todo cuidado, señala Tronto, se trata también de una relación de poder entendido como habilidad o como capacidad porque al final, se trata de cuidar o atender necesidades. Dado lo anterior, el cuidado ha estado constreñido a la esfera de lo privado y lo familiar, siendo específicamente, una labor que ha sido asignada históricamente a las mujeres. Es desde este aspecto que las teorías feministas han aportado mucho al debate de la feminización del cuidado a partir de una serie de posturas críticas en torno a la división sexual del trabajo.

Gracias a todos los aportes teóricos de Joan Tronto, es que se puede definir que no solo se cuida desde una condición de dependencia sino también de interdependencia, que no todo el cuidado es una cuestión de virtud, y que es vital e importantísimo desfeminizar, desmaternalizar y desfamiliarizar el cuidado para tener la capacidad de discutirlo desde la política y desde lo político para eliminar las profundas desigualdades, discriminaciones e inequidades que existen en torno al mismo. El cuidado, como lo señala Virginia Held (2006) en The etics of care podría reordenar los roles y las prácticas patriarcales si se ve y analiza como un bien público y no solo como un aspecto de la vida privada de las personas. Bajo su perspectiva, el cuidado podría reordenar nuestras capacidades y prioridades públicas y políticas si lo colocamos al centro de las definiciones de política pública y particularmente yo sostengo, al centro del diseño y planeación del desarrollo urbano y de las ciudades en donde la justicia no tenga un sentido paternalista o maternalista de la dominación.

En su libro Caring democracy: markets equality and justice, Joan Tronto señala que el cuidado es un concepto político que es vital para la transformación de la democracia, pero no de las democracias liberales cuyos principios de imparcialidad, neutralidad e igualdad excluyen al pluralismo tan necesario en los tiempos actuales. Plantea la necesidad de construir una democracia cuidadora que coloque en el centro de nuestros intereses el cuidado no desde una visión de dependencia, sino desde una visión de derechos que deje de concebirlo como una labor de amor y por tanto feminizada; y la construya como un eje fundamental de los procesos de politización, pluralismo y como diría Chantall Mouffe (1999), desde una visión agonística en donde la diferencia, el conflicto y la discusión abran paso a un nuevo diseño de democracia cuidadora que le coloque como un eje central de la sostenibilidad de la vida humana y que cuestione la búsqueda de igualdad desde la diferencia para trastocar el privilegio que inevitablemente ha estado ligado a ella como derecho humano. De esta manera, se colocaría el cuidado como un bien primario y público, como una categoría política, como un asunto político y como un eje del diseño de las políticas públicas en donde el este se exprese desde la acción y la disposición en donde se vea como una idea política y como un valor global (Tronto 2013).

Una democracia cuidadora, podría cuestionar las bases neoliberales sobre las cuales se ha fundado el cuidado en los últimos tiempos y que pretenden regresarlo al plano de la responsabilidad personal pero no colectiva y por tanto pública. Desde esta visión neoliberal, es que el cuidado ha potencializado las desigualdades y generado un mercado global fundamentado en una mala distribución del mismo desde donde se ha generado la idea de que si el cuidado no se puede pagar, entonces debe ser procurado por una misma. Para que exista una democracia cuidadora y personas que cuiden democráticamente, es necesario debatir en torno al tiempo como resultado de la forma en la que hemos organizado a las sociedades, invertir recursos para caminar rumbo a una responsabilidad colectiva del cuidado, y voluntad colectiva fundamentada en la solidaridad y la confianza. Una democracia cuidadora -menciona Tronto- requiere entonces debatir y transformar la separación entre lo público y lo privado, transformar el trabajo como forma de sostenimiento de la vida, reflexionar en torno al cuidado como una práctica que se aprende y en torno a la cual se generan competencias, y redefinir la gestión de la economía política. Para caminar rumbo a la construcción de una democracia cuidadora, tendríamos que entrar a un proceso distinto de definición, comprensión y análisis de las necesidades de todas las personas, no solo las que necesitan cuidado. Un análisis que al mismo tiempo tendríamos que hacer desde un enfoque y perspectiva de género, así como de interseccionalidad.

Las geógrafas urbanistas Begoña Pernas Riaño y Marta Román Rivas (2015) hablan de la necesidad de que el debate de las ciudades cuidadoras contemple por lo menos tres perspectivas:

Pensar en las relaciones más que en las piezas aisladas: ante la desagregación, sectorización y fragmentación del diseño de las ciudades que las hacen ver como piezas sueltas inconexas surge un enfrentamiento con “la ciudad, desparramada por el territorio, es en sí misma cronófaga (devora tiempo) y generadora de dependencias y desigualdad” (2015). Plantean la importancia de considerar dentro de la planeación y el diseño urbano el análisis y la comprensión de las relaciones y necesidades sociales y su propia complejidad sobre el territorio. No solo a partir de la movilidad y la dispersión en la que se localizan los bienes y servicios, sino también a partir de los roles sociales que una sola persona desempeña y las vivencias del día a día. De este modo señalan, por ejemplo, que una mujer, puede tener multiplicidad de roles, pero ninguno lo vive en las mismas condiciones de necesidad cada día. El planteamiento de unir las piezas en función de las relaciones sociales plantea el reto de analizar los roles y las necesidades a partir de la suma o la resta del tiempo de las personas en la ciudad, e insiste, no solo con relación a los desplazamientos y la movilidad, sino también en función del acceso a los bienes, a la vivencia del espacio público y a las sensaciones de seguridad o inseguridad para con ello replantear servicios, equipamientos y bienes urbanos. Particularmente, el gran reto de esta perspectiva, plantea un cambio de paradigma en el pensamiento de la ciudad no solo a partir del mercado, sino sobre todo a partir de la condición humana y de los derechos.

Pensar desde la complejidad para facilitar la vida: plantea que la forma actual en la que se han estado diseñando las ciudades que economizan, priorizan el mercado y ofrecen soluciones rápidas y estandarizadas, están aisladas de la comprensión de la complejidad de la vida humana y por tanto del cuidado. Esto deja en manos de las propias personas la tarea de retejer la ciudad a partir de sus propias necesidades, tiempos y recursos. Lo que proponen es que el diseño y planeación de las ciudades considere el vínculo entre conocimiento y afecto que se vertebra en el cuidado. Ello implicaría considerar que en las ciudades no solo se vive en células familiares, sino que también, existen soledades y enfermedades que viven las personas y que no se resuelven solo con la prestación de un servicio. En este sentido, las autoras señalan que “las ciudades deben crear marcos de acción sobre las relaciones sociales y comprender cómo se desarrolla la vida cotidiana. Las ciudades deben de posibilitar que las personas dependientes gocen de mayor autonomía” (2015). Si pensamos en el cuidado como fundamento y base de la sostenibilidad de la vida en todas sus etapas y partimos de comprenderlo no solo como relaciones de afecto en torno a la dependencia sino como relaciones de poder desde la interdependencia, hay que pensar que esta perspectiva que plantean las autoras, tendría que comprender que el diseño y planeación de las ciudades debe analizar las necesidades a partir del cuidado como un eje que nos conecta y nos atraviesa en todas las etapas de nuestra vida.

Pensar desde lo público para retejer lo social: implicaría comprender que, en el entramado complejo de los cuidados, existen entretejidos y cruces de ida y vuelta desde los espacios privados, íntimos, familiares, públicos, los bienes y los servicios; mismos que se enfrentan en todo momento a las necesidades del mercado y de los intereses económicos. Las autoras señalan que, ante este entramado complejo, se ha relegado la formación de lo colectivo como un bien social, y diría, como componente de una democracia cuidadora como lo plantea Tronto. Relegar lo colectivo, profundiza las desigualdades y la forma individualizada a partir de la cual se procuran y dan cuidados sin pensar en relaciones de proximidad, sino en acciones individualizadas y solitarias.

Las tres perspectivas que plantean las autoras complejizan los retos en la planeación y el diseño de ciudades cuidadoras, ya que implican el enorme reto de analizar la vida cotidiana de las personas no solo desde su condición de dependencia, sino también de interdependencia e interrelacional. Implicaría trabajar en los nuevos componentes del diseño de las ciudades cuidadoras a partir de una visión de la economía del cuidado en donde las necesidades y relaciones sociales sean analizadas y estudiadas de forma diferencial e interseccional identificando diferentes y diversos nudos problemáticos que lleven a hacer que la ciudad conviva y se entreteja en torno a las necesidades y relaciones de las personas contemplando el cuidado como un bien público de interés nacional y un cuarto pilar de los sistemas de protección social, tal y como lo ha propuesto la CEPAL a raíz de sus reflexiones y diagnósticos en torno a la Pandemia de Covid 19.²

De manera particular, se retoman muchas de las ideas de Joan Tronto en torno a la ética de los cuidados y a la democracia cuidadora porque se considera que éstas pueden ser el punto de partida para la creación de este nuevo paradigma de cuidado desde donde se tendrían que comenzar a pensar, diseñar y planear las ciudades cuidadoras. Se partiría de un pensamiento por lo menos en cuatro ejes fundamentales que se tendría que comenzar a problematizar desde una visión académica multidisciplinar e integradora:

La ciudad cuidadora requiere de un componente de diálogo y conflicto agonístico que, desde la democracia pluralista, sea capaz de abrir el diseño y planeación de la misma hacia una conversación que coloque la diferencia como punto de partida y aprendizaje, y el combate a las desigualdades como eje de cohesión.

Una ciudad cuidadora se analiza, desde las necesidades, desventajas y desigualdades de las vivencias cotidianas de las personas con perspectiva de género y de interseccionalidad. Considera las vivencias y necesidades cotidianas no solo a partir de la movilidad o de las trayectorias vertebradas por el trabajo y el mercado, sino también a partir del cuidado desde una visión de dependencia e interdependencia.

La ciudad cuidadora requiere debatir y diseñar el espacio público a partir de lógicas de cuidado, analizando las necesidades de infraestructura requeridas teniendo como objetivo la solidaridad y confianza colectivas, así como el desarrollo de la autonomía de las mujeres.

Una ciudad cuidadora que replantea el ecosistema hogar sin aislarse del ecosistema ciudad no solo a partir del afecto, sino también a partir del poder. Implicaría considerar la posibilidad de repensar los modelos de vivienda, bienes y servicios, pero al mismo tiempo, la urgente necesidad de desfamiliarizar y desmaternalizar el cuidado. Incluso, considerar el abanico de pluralidad en los tipos de familia y salirse de un modelo tradicional que, de suyo, coloca a las mujeres en el centro del cuidado sin aportar al desarrollo de su autonomía o bien, coloca a la soledad elegida o forzada en la que viven algunas personas aisladas de la acción y el interés colectivo. De igual manera, como bien lo sugiere Judith Butler (2020), este paradigma obligaría a repensar y desestructurar la metáfora del hogar como “refugio”, una idea simbólica que se ha transformado ante la realidad cotidiana de las violencias que se viven en los hogares y las familias y que transforman a su vez, la propia concepción del cuidado. Digamos que, a partir de este eje, tendríamos que reconocer y analizar las diversidades e intersecciones dentro de las desigualdades, así como los ruidos de las violencias en ambos ecosistemas para comenzar a pensar (como lo ha mencionado Ana Falú) en una nueva forma de “arquitectura de género” más participativa y que analice de manera distinta la microfísica del espacio cotidiano sobre los territorios y lo colectivo.3

Partiendo de estos cuatro elementos se tendría que considerar que se tiene de frente un trabajo de profunda complejidad para que desde una visión sociológica, antropológica, urbanística y de género sea posible plantear el enorme desafío que significa delimitar los componentes y las metodologías de análisis de una ciudad cuidadora. La intención de este estudio es colocar aquí elementos de discusión que permitan complejizar las discusiones en torno a las ciudades cuidadoras para que no solo se vertebren a partir de los desplazamientos, la movilidad, la seguridad o el análisis del uso del tiempo; sino que se profundice en la posibilidad de incorporar a sus componentes el desarrollo de metodologías interseccionales y con perspectiva de género que no solo coloquen el foco de atención en las mujeres y su necesario desarrollo de autonomía, sino también en la compleja red social en términos de imaginarios, representaciones sociales, vivencias y realidades cotidianas no solo pensando en las personas que necesitan cuidado a partir de su condición de dependencia, sino desde las interrelaciones e interconexiones de la vida cotidiana y de la propia esencia del cuidado como una relación de poder. Comenzar a pensarlo desde esta vía, permitiría comenzar un debate académico profundo en torno a la forma en la que se esta concibiendo una ciudad que promueve el cuidado como derecho y bien público, pero, sobre todo, pensar una ciudad cuidadora que al mismo tiempo sea desfamiliarizante y desmaternalizadora. Lo anterior, pensando en que los cuidados no solo implican hablar de quien cuida y quien recibe cuidados, sino también del derecho a autocuidarse o incluso, como dice Laura Pautassi (2018), el derecho a no querer cuidar de otras o de otros. Sin duda, una discusión de largo aliento que requiere apertura epistemológica y diálogos multidisciplinares pero que es imprescindible comenzar a desarrollar.

Bibliografía

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(2021), Miradas latinoamericanas a los cuidados, Siglo XXI, Clacso, México. Butler, Judith (2020), entrevista disponible en: https://www.latercera.com/tendencias/noticia/judith-butler-deberia-haber-otras-formas-de-refugio-que-no-dependan-de-una-falsa-idea-del-hogar/MWV43WK4MBFRLEAKUOS5UD5KKI/

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Mouffe, Chantal (1999), El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Paidós, Barcelona, España.

Pautassi, Laura (2018), El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, Núm. 272, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/investigacion/documentos/2019-laura-pautassi-el-cuidado-como-derecho.pdf

Román Rivas, Marta y Begoña Pernas Riaño (2015), Ciudades cuidadoras, ciudades cuidadas, disponible en: https://www.galde.eu/es/autores/marta-roman-rivas/

Tronto, Joan (1993), Moral Boundaries, Londres, Routledge.

(2013), Caring democracy: markets, equality and justice, Nueva York, New York University Press.

2 Propuestas y reflexiones que se pueden encontrar en diferentes documentos que se han producido en el portal de internet de la CEPAL. En específico, las reflexiones elaboradas en el marco del Seminario online de cuidados llevado a cabo el 19 de agosto del 2020 y que generó el documento titulado Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid 19: hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-COVID-19-sistemas-integrales-fortalecer

3 Lo anterior, es de la arquitecta argentina Ana Falú durante un panel de la colectiva feminista Red Mujer y Habitat titulada “Lecturas feministas sobre ciudades y territorios de frente al Covid 19” desarrollado el 28 de abril del 2020 por la plataforma zoom.

Ciudades Seguras

Caminos trazados y retos pendientes

Carlos Alberto Crespo Sánchez

Ciudades seguras, anhelo colectivo cuando el miedo y la inseguridad, real o percibida, cooptan las libertades, condicionan los derechos fundamentales, imposibilitan el desarrollo de los diversos grupos que conforman a la sociedad y, por consecuencia, reducen la calidad de vida de las colectividades.

El presente apartado reflexivo explora la esencia de la demanda colectiva a partir del análisis a profundidad de las fuentes detonantes del miedo y la inseguridad urbana, así como sus impactos sobre las formas de vida, resultado de ello se exponen las diversas condicionantes de este fenómeno, dando pauta para abordar críticamente las estrategias planteadas por instancias internacionales como ONU Hábitat, en conjunto con gobiernos locales, en su programa insignia “Ciudades más Seguras”, y su derivado, impulsado por ONU Mujeres, el “Programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”, a partir de datos que muestran una radiografía de la evolución del fenómeno, emanando de ello los retos pendientes y caminos necesarios para la atención integral al fenómeno del miedo y la inseguridad en los entornos urbanos.

La instauración del miedo en lo urbano

Configuración de la ciudad insegura

La ciudad como polo de atracción para el desarrollo de las colectividades humanas ha traído consigo, desde su configuración inicial, retos importantes para quienes se decantan sujetos urbanos, los desplazamientos masivos representan no solo un cambio de ubicación, significan inaugurar procesos de adaptación social que requieren de la interacción constante con formas de concebir el espacio y el tiempo claramente diferenciadas. Este proceso en esencia representa un reto, mas no un conflicto, son las características con las que se configura la ciudad y sus dinámicas económicas las que traducen al reto de convivir con la diferencia en conflictos sociales derivados de un fenómeno completamente distinto, el de la desigualdad.

Las ciudades contemporáneas, en su configuración, se caracterizan por funcionar de forma fragmentada y claramente segmentada, en donde la desigualdad social marca las pautas para la territorialización y para el acceso a condiciones propicias para el desarrollo individual y la calidad de vida de amplios grupos sociales, aunado a esto, la carencia de puentes comunicacionales que habiliten para el contacto con el otro, son reducidos, limitando así las posibilidades de un desarrollo equitativo. En medio de este panorama, cada vez más recrudecido, todo reducto de certeza, confianza y seguridad se traduce en incertidumbre, desprotección, vulnerabilidad, angustia, inseguridad y miedo.

De acuerdo con lo planteado por Bannister y Fyfe (2001) existen tres posiciones teóricas respecto a las fuentes detonantes del miedo urbano: las experiencias de victimización; el sentimiento de vulnerabilidad del individuo sobre su seguridad humana y la ruptura sobre el control social; y las características espaciales y sociales del ambiente urbano.

La primera fuente de miedo a la que hacen alusión se alimenta, como su nombre lo indica, de la experiencia vivencial con algún acto delictivo o violento, del que se deriva un sentimiento de desconfianza, inseguridad y vulnerabilidad sustentado en el recuerdo, en la memoria de lo acontecido. Las experiencias pueden ser directas, es decir, padecidas corporal y sensorialmente por el individuo o colectivo, o indirectas, experiencias ajenas que inciden en menor o mayor grado según el nivel de cercanía espacial a los sucesos o relatos sobre delitos y crímenes cometidos, pero también, según el grado de identificación con los perfiles asimilados como vulnerables.

Sean experiencias directas o indirectas estas condicionan en gran medida el grado de confianza y la actitud para afrontar ámbitos contextuales y situaciones temporales específicas. Así la experiencia de victimización funge como primer ámbito de evaluación situacional, el individuo, al desarrollar sus prácticas cotidianas en la ciudad, analiza y evalúa las posibles situaciones a afrontar y a partir de sus conjeturas establece la probabilidad de experimentar situaciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional, y a partir de ello, establece las tácticas y estrategias para afrontar la interacción o decide, en su caso, privarse de interactuar en la ciudad.

La segunda posición teórica se relaciona con las capacidades individuales de poder tener control sobre su propia vida y sobre los comportamientos y acciones de emergentes dentro de un orden espacio - temporal compartido.

En el primer caso, el control individual sobre su propia vida depende directamente del grado de satisfacción de necesidades relacionadas con la seguridad humana: seguridad económica, poder contar con un ingreso básico asegurado como resultado de un trabajo productivo y remunerado que permita la subsistencia; seguridad alimentaria, acceso a alimentos básicos; seguridad sanitaria, acceso a una asistencia médica de calidad; seguridad ambiental, acceso a un medio físico saludable y con recursos naturales suficientes para la satisfacción de las necesidades básicas; seguridad comunitaria, oportunidades de participación dentro de un grupo, una familia, una comunidad, una organización, esto trae consigo identidad, cultura y valores; seguridad personal, tener garantía de conservar integridad física por medio de la prevención de actos violentos; y por último, seguridad política, la cual consiste en que el individuo pueda vivir en una sociedad en la que se respeten los derechos humanos fundamentales, y con sistemas efectivos de procuración de justicia (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 1994).

Por otro lado, la capacidad para tener control sobre los comportamientos y las acciones de las demás personas con las que se comparte un orden espacio-temporal obedece al grado de dominio y control situacional, este depende de la capacidad individual para dar una lectura adecuada de los acontecimientos evidentes y de los posibles escenarios, percepción relacionada principalmente con la cantidad de información con la que se puede contar respecto de las formas y los modos de comportamiento del Otro, de aquel individuo con el que se comparte sitio y que, a la par, también se encuentra realizando su propia lectura situacional.

Las lecturas situacionales se sustentan en un constante proceso de análisis comparativo individual en relación con los otros individuos que participan de la interacción, a fin de determinar características y comportamientos comunes aceptados como “normales”, según criterios propios de normalización, es una evaluación en búsqueda de compatibilidades, por consecuencia, un análisis que permite detectar a sujetos incompatibles, determinación que promueve inmediatamente un foco de desconfianza, el grado de ignorancia sobre su perfil detona automáticamente la focalización en la observancia de sus actos. En este proceso se evalúan aspectos como: origen, rasgos físicos, formas de expresión verbales y no verbales, acciones desempeñadas en el contexto, motivos de su transitar o de su permanencia, entre muchos otros aspectos perceptibles a simple vista o inferidos a partir de la combinación de factores identificables.

A mayor compatibilidad mayor sentimiento de seguridad individual, debido a que se puede predecir el actuar de quien se etiqueta como similar, y reaccionar ad hoc a la situación presentada. Por consecuencia, a menores rasgos de compatibilidad, mayor es el grado de desconocimiento y de incertidumbre sobre acciones y comportamientos posibles, situación traducida en sentimientos de inseguridad debido al limitado control situacional.

Ante la situación de vulnerabilidad percibida, la estrategia natural del individuo es el principio de reserva (Simmel, 1986), evitar a toda costa el roce con lo diferente, a partir de la reclusión. Cuando el contacto es inevitable, el individuo trata de reprimir todo rasgo o comportamiento altamente distintivo, tratando de pasar desapercibido, de camuflarse, esta represión hace que inmediatamente, para el individuo, el contexto represente hostilidad, incluso se pueda mostrar como un entorno violento.

Las ciudades contemporáneas cuentan con al menos dos características que la convierten en plataformas diseñadas para la evocación de la desconfianza mutua: cuando los puentes comunicacionales y de diálogo entre la diversidad social y cultural son reducidos, esta se traduce en tensiones interculturales (García Canclini, 1999), fenómenos como la fragmentación espacial y segmentación social detonan lapsos limitados de interacción, lo que disminuye significativamente las posibilidades del ejercicio de la alteridad; la reducida disposición de puentes comunicacionales entre grupos se enmarca en una profunda desigualdad social que establece una clara división entre grupos sociales de dominio y grupos sociales dominados, con lo que las diferencias no solo radican en rasgos y conductas sociales y culturales, sino en la accesibilidad a los recursos que dotan de bienestar y calidad de vida, factor que agudiza significativamente las tensiones. Ante esto, ambos sectores generan mecanismos de protección el uno del otro (Moreno Guerrero, 2010).

La tercera posición teórica respecto a los orígenes del miedo urbano encuentra en las características físicas del contexto una variable que influye en el nivel de seguridad con el que el individuo experimenta su recorrido o su estancia en determinado punto geográfico.

Desde esta perspectiva, las características espaciales y temporales son evaluadas en todo momento por el sujeto que interactúa con el espacio urbano, esto le permite dar una lectura de la situación y actuar de forma defensiva ante posibles actos violentos. Este mecanismo preventivo se sustenta en ideas preconcebidas del lugar que le permiten al individuo prepararse ante los posibles escenarios, determinando así la ruta a seguir, la periodicidad de los actos estáticos dentro del flujo, la velocidad del trayecto, las conductas personales a desarrollar, entre otros aspectos controlables por parte del individuo.

Desde este enfoque, el modelo de Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental (CPTED), que se sustenta, entre otras referencias, en la vigilancia natural de Jane Jacobs (1961), el espacio defendible de Newman (1973) y la teoría situacional del crimen de Jeffery (1977), ha sido retomado para analizar atributos espaciales como factores evocadores de la inseguridad y el miedo, se mencionan ahora los siguientes: existencia de barreras físicas que prohíban la visibilidad o la falta de iluminación, lo que se traduce en la incapacidad de ver y ser visto, lo que conlleva la disminución en la apropiación del espacio por los individuos circundantes, y con ello, la probabilidad de ser auxiliado en caso de ser violentado; falta de legibilidad espacial, es decir, una lectura morfológica indefinida, indeterminable e impredecible, los que lleva a detonar en el individuo una reducción en el sentido de ubicación, un aumento significativo de la posibilidad de vivir experiencias emergentes y sorpresivas, lo que se traduce en un sentimiento de desconfianza sobre el trayecto elegido; otros factores espaciales determinantes son la mixtura de usos y actividades, el grado de mantenimiento y limpieza, entre otros. Por parte de los atributos sociales evocadores de percepciones de inseguridad se podrían sintetizar todos en la existencia de lazos comunitarios debilitados, lo que se lee a partir del nivel de heterogeneidad social y espacial circundante. Esta perspectiva va acompañada de la posibilidad de reconocer y diferenciar a las personas que cuadran con el estereotipo identitario del lugar de los personajes externos. Para que un mecanismo de vigilancia natural funcione no solo se requiere de un ambiente construido permeable, sino de una comunidad dispuesta a vigilar y proteger.

Es importante mencionar que existe otra condición que acompaña a la evaluación del lugar, el grado de familiaridad y relación del individuo con el entorno, condicionante que se sobrepone y puede llevar a neutralizar la mirada evaluadora del entorno haciendo que cualquier atributo físico y temporal representante de riesgo pase desapercibido.

Como se ha hecho notar, las fuentes del miedo y la inseguridad son diversas, pero no actúan de forma independiente, su conjunción es capaz de habilitar o deshabilitar prácticas y comportamientos.

La instauración del miedo en lo urbano trasciende al acto criminal cuantificable, trastoca cada parte de la triada lefebvrerina: lo concebido, lo percibido y lo vivido (Lefebvre, 1974). Permea cada una de las capas sociales de forma diferenciada y se traduce en impactos directos sobre los procesos y procedimientos de configuración de la ciudad: la reducción de superficies dispuestas, reducción en la periodicidad de permanencias y la reducción en las posibilidades del ejercicio de la ciudadanía (Carrión, 2008).

Al perder superficie disponible para el ejercicio de prácticas fundamentales para el desarrollo colectivo el territorio se fragmenta, cada porción de este se evalúa de forma externa y, tras ello, se estigmatizan las fracciones de ciudad que, por consenso colectivo, son acreedoras a un gradiente cálido dentro de la percepción generalizada de inseguridad. El estigma al que se hace referencia son características o contenidos negativos impuestos sobre su identidad socio-territorial específica, considerados naturales y evidentes por sí mismos (Wacquant, 2001). Este estigma territorial, y social para quienes lo habitan, se propaga fácilmente, es transmitido en el tiempo hasta hacerse de conocimiento general dificultando cualquier intento de liberarse de él. De esta manera se divide territorialmente la ciudad y por ende, su sociedad.

Por otro lado, el miedo y la inseguridad limitan los periodos temporales en los que un individuo o grupo social realizan sus actividades cotidianas, ya sea que se reduzca la cantidad de tiempo destinada a su realización o que el horario específico para llevarla a cabo pase por un filtro de elección basado en condiciones de vulnerabilidad, al igual que con el territorio, los horarios se estigmatizan según registro de incidencias delictivas e ideas sociales preconcebidas sobre el nivel de riesgo que llevan al individuo a restringir la ejecución de sus acciones a periodicidades específicas. Se reduce con ello el tiempo útil de los espacios públicos en los que se fluye o permanece, es muy común en muchas ciudades que la caída de la tarde anuncie el momento de reclusión.

La reducción del espacio y el tiempo para el desarrollo de actividades humanas en la ciudad trae consigo un problema sustancial para el desarrollo de una sociedad integrada, la distinción entre contextos seguros e inseguros agudiza la desigualdad ya mencionada. La capacidad para plantear estrategias para aminorar los riesgos es diferenciada en la ciudad, entre quienes cuentan con los medios para recluirse en entornos controlados a partir de una vigilancia permanente y aquellos que realizan sus rutinas adaptándose a la circunstancia del entorno a partir de la modificación de sus patrones de vida.

La desigualdad social se agudiza y se traduce en tensiones sociales que repercuten en la posibilidad de generar medios para la interacción y el ejercicio político que enriquece a la vida urbana y que permite generar estrategias colectivas para atender el problema de raíz. Los momentos de asociación amparados en objetivos compartidos se reducen y las demandas son cada vez más particularizadas, las plataformas de diálogo son menos abiertas e inclusivas, las colectividades se disuelven y lo que queda son grupos trabajando de forma independiente. La concreción de una estructura social ciudadana depende de la existencia de puntos de encuentro pacificados, espacios desconflictivizados en los cuales todo individuo se sienta seguro de interactuar y dialogar con el otro.

Las fuentes detonantes del miedo y la inseguridad en la ciudad son diversas y los fenómenos sociales que las detonan son complejos. Es importante ahora reflexionar si el miedo y la inseguridad urbana se viven y se padecen de forma igualitaria dentro de la diversidad social que compone a las estructuras urbanas.

Miedo e inseguridad urbana,
¿se padecen de forma igualitaria?

Como se ha hecho mención en el apartado anterior, el miedo y la inseguridad urbana son fenómenos que se padecen en todas las capas sociales, sin embargo, se ha recalcado la existencia de desigualdades sustanciales en el impacto sobre las formas de vida, es oportuno explorar los procesos que determinan el grado de vulnerabilidad de los diferentes grupos sociales.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, género, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. En este orden de ideas, la vulnerabilidad se relaciona directamente con la inseguridad, que se representa como la interacción individual con un contexto específico en condiciones de desventaja, lo que conlleva un mayor riesgo, desprotección, peligro o susceptibilidad de ser dañado en su integridad física, psicológica o moral, daño perpetuado por situaciones ajenas al control personal que transgreden, quebrantan y violan los derechos fundamentales del ser humano.

El miedo y la inseguridad urbana no es un fenómeno que trastoque de forma igualitaria a todos los grupos que conforman a la sociedad, el género es un determinante claro de la percepción de miedo y el padecimiento de violencias urbanas.

La violencia de género, violencia contra las mujeres, se padece en las ciudades a partir de todas aquellas agraviantes físicas criminales que atentan contra la vida de las mujeres, pero también, a partir de todos aquellos hechos violentos que se traducen en violencias emocionales, sexuales, psicológicas, y económicas, perpetuadas en entornos familiares, comunitarios, institucionales, que ponen en riesgo la seguridad humana, con todos los factores que esta engloba y que se han descrito con anterioridad, y la estabilidad que permite a la mujer ejercer con plenitud sus libertades y desarrollarse personal y colectivamente.

La ONU define a la violencia contra las mujeres como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (ONU. Derechos Humanos, 1993)

Estos actos de coerción de las libertades se perpetran tanto en entornos públicos como en entornos privados, en ambos ámbitos el cuerpo de la mujer se convierte en objeto de disputa, se plantea como territorio apropiable sobre el que se ejerce la fuerza y se establecen mecanismos de sujeción que les vulneran y les privan de desarrollarse libremente (Ortíz Escalante, 2014).

En México, la violencia ejercida contra las mujeres es un problema que se vive día a día y se padece en el interior de los hogares y a nivel de calle.

Según informa INEGI (2020), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en México alrededor de 44% de las mujeres han experimentado violencia en el hogar a lo largo de su relación de pareja, respecto a los tipos de violencia en el hogar: un 40.1 % de las mujeres ha sufrido violencia emocional, este tipo de violencia incluye indiferencia, intimidación y acecho, degradación emocional, amenazas y aislamiento; un 20.9% violencia económica o patrimonial o ambas, dentro de las que se incluyen el control y el chantaje económico, incumplimiento de responsabilidades económicas y despojo; en cuanto a la violencia física, un 17.9% la ha padecido; y violencia sexual un 6.5% de las mujeres

Las cifras referentes a la violencia hacia las mujeres en el ámbito público muestran, al igual que los datos referentes a la violencia en el hogar, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres de forma cotidiana al desplazarse por la ciudad. Según datos de la ENDIREH 2016, a nivel nacional, el 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual en el espacio público. Otros datos importantes son aquellos que reflejan la inseguridad percibida, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, el 78.8% de las mujeres, a nivel nacional, se sienten inseguras al encontrarse en diversos lugares públicos o privados, un 68.9% de las mujeres no se siente segura de caminar sola por la noche en los alrededores de su vivienda. En lo que respecta a la percepción de inseguridad en relación con sitios específicos, el 73.8% de ellas se siente insegura en el transporte público, el 69.5% en las calles y el 60.1% en parques o centros destinados a la recreación. Percepción de inseguridad en el espacio público que se nutre tanto de factores espaciales, como de factores sociales del contexto, así lo constata el ejercicio denominado “Espacios de Confianza y Factores de Riesgo” realizado dentro del proyecto de investigación denominado “Programa de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Jalisco” (Olivares, y otros, 2017).

Factores espaciales y sociales resultan determinantes a la hora de elegir los sitios y los horarios en los que las mujeres se desplazan por la ciudad, estos factores determinan la libertad con la que las mujeres hacen uso del espacio público, de la ciudad.

La inseguridad que experimentan las mujeres incide negativamente en la amplitud de su movilidad y del espacio que pueden recorrer. En muchos casos, las mujeres, por miedo de que puedan ser atacadas, limitan las horas de sus salidas, así como sus recorridos evitando lugares solitarios o mal iluminados. Cuando lo hacen experimentan la ansiedad y el miedo. (Valle, 1997)

El miedo y la inseguridad urbana atenta contra el derecho a la ciudad, contra las posibilidades de desarrollo igualitario por parte de todos los grupos sociales que conforman la vida urbana, contra el derecho a ejercer las libertades humanas.

Se habilita ahora un espacio para el análisis crítico sobre los avances institucionales enfocados en garantizar ciudades seguras que permitan condiciones igualitarias para el desarrollo individual y colectivo. El contraste con el marco teórico inicial sobre los fenómenos asociados con la construcción del miedo y la inseguridad urbana serán clave para las reflexiones críticas subsecuentes.

Ciudades más seguras

Directrices generales

El programa Ciudades más Seguras surge en el año 1996 promovido por UN-Hábitat con el objetivo de apoyar a vinculación de autoridades locales, sus sistemas de procuración de justicia, sociedad civil y sector privado con el objetivo de unir esfuerzos para garantizar la seguridad urbana a partir de planes, programas y proyectos. Ciudades más Seguras pone a disposición de gobiernos locales a un grupo técnico de apoyo, y de esta relación surgen: la identificación y movilización de agentes claves; la creación de coaliciones intersectoriales; la elaboración de diagnósticos que permitan visibilizar la situación en términos de violencia y criminalidad, y de los recursos disponibles para afrontarla; el desarrollo y ejecución de estrategias de prevención y de acción coherentes con el contexto local; y el fomento a la instauración de la seguridad como eje transversal de todas las políticas públicas de los gobiernos locales. Estas acciones están acompañadas de la promoción de debates regionales o internacionales en los que se compartan y retroalimenten experiencias en materia (UN-Hábitat, 2007).

Este programa nace para impulsar proyectos bajo el enfoque multidimensional de la prevención del crimen urbano, utilizando tres esquemas de prevención: la prevención del crimen por medio del diseño ambiental; la prevención institucional, impulsando alternativas de procuración de justicia y actuación policial; y la prevención social por medio de acciones destinadas a proteger a grupos de mayor riesgo. En una segunda etapa, el programa se fortaleció a partir de establecer como enfoque la seguridad urbana, ampliando así los esquemas de trabajo, adjuntando dos áreas de atención más: seguridad en tenencia de la tierra, evitando desalojos forzados, se ha identificado que en múltiples países que, sobre todo países en condiciones de subdesarrollo o en vías de desarrollo, la propiedad es una de las causas frecuentes de violencia y conflicto social; resiliencia, los momentos de crisis y la perdida de la estabilidad generan un contexto de conflicto individual y colectivo, lo que detona conflictos sociales y lapsos de violencia. En una tercera etapa, el programa se amplió para promover la mejora significativa en: los procesos de planificación urbana; la gestión del espacio público a escala barrial, promoviendo la apropiación comunitaria de los territorios; y el fortalecimiento de la gobernanza dentro de las ciudades.

Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para mujeres y niñas

En atención especial a este último punto, en el año 2010 surge el “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”, programa cuyo objetivo principal es prevenir y responder a las violencias ejercidas contra mujeres y niñas en el espacio público, en la actualidad más de 40 ciudades a nivel mundial se han unido al programa.

Los compromisos que adquieren los gobiernos locales que se adhieren a este programa son los siguiente: La elaboración de estudios y diagnósticos para identificar intervenciones apropiadas al contexto según perspectiva de género; desarrollar e implementar leyes y políticas integrales de prevención y respuesta eficaz ante casos de acoso o violencia en los espacios públicos a partir de desarrollar capacidades en las instancias gubernamentales, la sensibilización de los actores y el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales, a fin de que se vigile el cumplimiento de dichas leyes y programas; la inversión de recursos para garantizar la seguridad en espacios públicos integrando la perspectiva de género dentro de los procesos de planeación urbana; promover, por medio de campañas de sensibilización y educación, una transformación en las normas sociales, un cambio de actitudes y comportamientos sociales que permitan hacer frente a las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas en espacio público, superar estereotipos de género y crear un entorno propicio para la denuncia de incidentes violentos, en términos generales, la sensibilización y la educación como medio efectivo para la protección y la asistencia a los colectivos vulnerables (ONU Mujeres, 2016) .

Como se ha manifestado con anterioridad en el presente texto, es evidente que el miedo y la violencia en la ciudad no lo padecen de forma igualitaria todos los sectores poblacionales, es por ello por lo que el programa ciudades más seguras ha entendido la importancia de atender con especial atención a los grupos de riesgo, en este caso mujeres y niñas.

Avances de su implementación en México.

En México, la aplicación del programa muestra avances dentro en las ciudades que se sumaron y adoptaron los lineamientos de este: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón.

Según el último reporte de resultados (ONU Mujeres, 2019), los cuatro ejes centrales del programa tuvieron importantes avances, se destacan los siguientes:

En el primer eje estratégico referente a la generación de datos y construcción de alianzas, son destacables los ejercicios de diagnóstico participativo en los que además de la aplicación de encuestas y entrevistas, la exploración referente a la geografía del delito proporcionó información relevante para reconocer patrones socioespaciales de vulnerabilidad. Por otro lado, se destaca las alianzas clave generadas entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, actores que trabajaron juntos para generar estas importantes bases de datos.

En el segundo eje estratégico referente al desarrollo y la implementación de leyes y políticas integrales de prevención, atención y sanción de la violencia sexual, destacan: en la Ciudad de México, la generación de una propuesta para tipificar el acoso sexual dentro de la Ley de Cultura de la Ciudad de México, la cual incluye un catálogo de conductas y agresiones sexuales de sanción administrativa y reparación integral de daños. Otra propuesta generada que destaca es la de tipificar dentro del Código Penal de la ciudad el delito contra la sexualidad y la seguridad colectiva, que castiga la reiteración de conductas que pongan en riesgo el uso libre y seguro de espacios públicos o privados de uso o acceso público. Las propuestas mencionadas tuvieron eco, logrando la reforma a la Ley de Cultura Cívica, estableciendo sanciones para conductas de acoso sexual como silbidos o frases sexuales y exhibicionismo en la vía pública; y, en Puebla, la adición de la figura jurídica del acoso sexual en espacios públicos dentro del Código Reglamento Municipal de la ciudad, sancionado a partir de faltas administrativas como horas de arresto, pago de multa, y de forma obligatoria, que el infractor tome cursos y talleres de sensibilización, que se lograron impartir a servidores públicos enfocados en identificar y atender la violencia sexual en espacios públicos.

Por su parte, el tercer eje estratégico enfocado a promover la inversión en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos con perspectiva de género se lograron avances importantes. En la Ciudad de México se promovió: la instalación de módulos de atención para víctimas de violencia sexual en la principales estaciones del sistema metro; la existencia de secciones separadas y unidades exclusivas para mujeres en los sistemas de metro, metrobús, tren ligero y trolebuses; instalación de botones de emergencia que pueden accionar usuarias y operarios del metrobus; y el aumento en la instalación de cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones C4. En Torreón y Guadalajara, por su parte, se invirtió en la capacitación a operadores de transporte público sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y los protocolos de acción local, además de fortalecer las campañas de comunicación gráfica en unidades de transporte público al respecto de la tolerancia 0 a la violencia contra las mujeres.

Por último, el cuarto eje estratégico enfocado en transformar las normas sociales a partir de la socialización de los problemas se centró en promover campañas publicitarias en búsqueda de fomentar el cambio de actitudes y comportamientos de violencia hacia las mujeres, generando relaciones de género respetuosas. Entre estas destaca la campaña #NoEsDeHombres, lanzada en la Ciudad de México, cuyo objetivo principal fue cuestionar socialmente los estereotipos de masculinidad dominantes. Esta campaña logró un gran impacto mediático en medios de comunicación masiva, consistió en la realización de dos experimentos sociales en el espacio público, grabados en video y difundido en los medios, además de carteles colocados en el transporte público. Más recientemente, la campaña Dejemos de Hacerlo, promovida y lanzada en Monterrey y Guadalajara, se suma a las estrategias para transformar las normas sociales a partir de la socialización de los problemas. La difusión de los comportamientos de acoso y violencia contra las mujeres ha sido efectiva según los resultados expuestos en este mismo informe (ONU Mujeres, 2019).

De acuerdo con registros y reportes de avance del programa en ciudades mexicanas, si bien las acciones son significativas y relevantes debido a que en pocos años se han logrado sinergias importantes entre gobierno, sociedad civil, instituciones académicas y sector privado, las acciones han sido emprendidas con un ritmo lento y sin tener impacto directo sobre leyes, reglamentos y políticas integrales. Por otro lado, como se pudo hacer notar en este apartado, el número de ciudades en México que han adquirido compromisos a partir del convenio con ONU Mujeres son limitadas, por lo que el alcance y los impactos no han logrado permear en buena parte del territorio.

Las lamentables cifras de feminicidios, las estadísticas referentes a percepción de inseguridad urbana, los movimientos sociales y las exigencias que emanan de ello requieren de un mayor compromiso por parte de los gobiernos de las ciudades para atender las demandas, procurar la justicia y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la ciudad por parte de las mujeres.

Retos para la construcción de ciudades seguras para mujeres y niñas

Aunque los esfuerzos generados por parte de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y sector privado son destacables, los mecanismos y herramientas enfocadas en garantizar la seguridad urbana, incluidos el programa Ciudades más Seguras y Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, tienen retos por atender a fin de lograr sus objetivos y convertirse en herramientas fundamentales para garantizar ciudades más seguras en las que sea posible alcanzar condiciones de igualdad sustantiva garantizando “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales” (Congreso de la Unión, 2013) a todo grupo social que las conforma.

Tomando como referencia la complejidad de factores que fungen como determinantes: miedo y la inseguridad urbana que se han puesto de manifiesto en el primer apartado del presente artículo, se hace necesario ampliar los campos de análisis sobre los orígenes del miedo y la inseguridad urbana, así como las estrategias de atención. Resulta reduccionista basar políticas públicas en materia de seguridad únicamente en promover la prevención del delito mediante el diseño ambiental, concientización y exposición de las desigualdades, o mejores sistemas de procuración de justicia, si bien estos pueden ser unos factores importantes dentro de la configuración de la violencia contra las mujeres, no son los únicos, es necesario contemplar factores sociales, culturales, económicos, profundamente vinculados con el grado de satisfacción de necesidades relacionadas con la seguridad humana, reconocer la existencia de violencias estructurales que perpetúan privilegios a grupos de dominio, fomentar el encuentro entre la diversidad social que conforma la heterogeneidad urbana que ayude a reducir fenómenos como la segmentación, la estigmatización y la discriminación, que se nutren precisamente de la ignorancia y el desconocimiento, políticas enfocadas a atender no solo los procesos de construcción social del espacio concebido, sino también, se reconozcan que la construcción de la realidad se orquesta en la conjugación con lo percibido y lo vivido (Lefebvre, 1974), en ello radica un campo amplio para reconocer concepciones diferenciadas del habitar según el género. La inseguridad urbana es un fenómeno multifactorial.

El análisis, las propuestas y las acciones que se desarrollarán en materia de seguridad urbana deben de considerar los diversos factores estructurales de desigualdad que vuelven vulnerables a las personas: género, clase, edad, etnicidad, discapacidad, preferencias sexuales, entre otras (ONU Mujeres, 2019), lo que se enlaza con la finalidad de reconocer los diversos grados de vulnerabilidad y los numerosos tipos de violencia ejercidos. Esto conlleva la necesidad de visibilizar los diferentes tipos de violencia ejercidos, no solo las violencias físicas o sexuales, sino entender que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado se ejerce la violencia desde sus diversas modalidades: emocional, psicológica, económicas y ambiental. Y que éstas pueden ser perpetuadas en entornos familiares, comunitarios, institucionales (Ortíz Escalante, 2014). Solo a partir del entendimiento complejo de la violencia es que puede ser posible plantear estrategias integrales para la atención de dicho problema en las ciudades.

Otro de los retos más significativos es la gran dependencia que tienen dichos programas, y las estrategias y acciones que de ellos emanan, hacia la voluntad por parte de los diversos actores involucrados, aspecto qué, considerando el historial volátil y cambiante de los gobiernos con relación a la permanencia de planes y proyectos a largo plazo, transexenales en el caso de México, vuelve vulnerable a la estabilidad de los proyectos en materia y, con ello, el fortalecimiento de herramientas eficaces para atender a la inseguridad, el miedo y las violencias padecidas por las mujeres y niñas específicamente.

Se debe de asegurar que los derechos de las mujeres, reconocidos y promovidos por instancias internacionales, sean traducidos a las legislaciones nacionales, estatales y municipales, además de garantizar la efectiva aplicación de leyes y reglamentos a partir de estrictos mecanismos de observación (Cruz Cuesta, 2008).

Es necesario recalcar que parte de este reto no solo es traducir las voluntades en mecanismos legales, es necesario también cambiar la escala, el problema del miedo y la inseguridad no puede ser atendida por los gobiernos municipales, la escala de atención debe ser más amplia para que las políticas puedan ser integrales, la aplicación de planes y programas deberían trascender en su implementación a escalas metropolitanas, estatales, regionales y nacionales.

La perspectiva de género debe aplicarse de forma transversal dentro de las políticas públicas, no solo en materia de seguridad. Vivienda, movilidad, salud, empleo, planificación territorial, son áreas fundamentales en donde sus políticas deben de ser revisadas y retroalimentadas (Reinero, 2006).

Es de especial importancia recalcar además el gran reto que representa atender a las causas, no solo a las consecuencias. Atender a las causas significa reconocer que en gran medida el origen de las violencias ejercidas en el ámbito público se encuentra en el núcleo doméstico, en donde lamentablemente se enraíza la cultura de la violencia. Las políticas y los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres suelen centrarse en los actos violentos perpetuados en público dejando de lado la necesidad de que las estrategias logren permear al ámbito privado a partir de romper el umbral que divide lo público de lo privado.

Por último, resta manifestar la enorme necesidad de fundar puentes comunicacionales y de dialogo entre la diversidad social y cultural que conforma a los ámbitos urbanos, esto implica que los múltiples sectores que conforman a las sociedades urbanas reflexionen al respecto de los roles y papeles que juegan y que deberían jugar dentro del problema de la inseguridad y la violencia que afecta a todos, especialmente a las mujeres, y esto implica pensar en la inseguridad urbana como un problema multicausal y multifactorial que requiere de la implicación de todos los actores urbanos en su solución.

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Seguridad vivida y seguridad percibida, un binomio compatible en materia de violencia comunitaria de género

Adriana I. Olivares González y Marco F. De Paolini

En México, la violencia contra las mujeres es un problema de carácter estructural. De acuerdo con los resultados de la Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI), durante 2007 los delitos sexuales fueron dirigidos a las mujeres en 98% de los casos. (Gobierno Federal, 2014, pág. 6).

En particular el tema que e abordará es la violencia comunitaria, definida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de México como “…los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público” (2019, pág. 10). Esta modalidad de violencia se caracteriza por su presencia en las calles, fiestas, cines, deportivos, etc. y tuvo en 2014 una representación nacional de 39.7%, esto significa que aproximadamente 40 de cada 100 mujeres, han sufrido alguna situación de violencia social a lo largo de su vida (Gobierno Federal, 2014).

Dada la prevalencia de la violencia comunitaria, particularmente en el transporte público, en 2015 el Instituto Jalisciense de las Mujeres del Estado de Jalisco, promovió la elaboración de un diagnóstico de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Jalisco,⁴ entre cuyos resultados destaca que la violencia institucional y la comunitaria son las modalidades menos identificadas con 60% y 77% respectivamente; el 86% de la usuarias del transporte público les han dicho piropos o frases de carácter sexual en el espacio público y el 74% lo considera como un delito grave; en el transporte público al 64% las han tocado o manoseado sin su consentimiento y al 13% les han propuesto tener relaciones sexuales; asimismo en las paradas del transporte público el 19% han sido agredidas físicamente (Instituto Jalisciense de las Mujereres, 2015)

En 2017 se elaboró con este diagnóstico el Programa para la prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidad cotidiana y en el transporte público de Jalisco (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2017),⁵ el cual consideró la atención de la violencia comunitaria tanto en el transporte público como en los desplazamientos de las mujeres durante su movilidad cotidiana en el que participaron un equipo de investigadores de la Universidad de Guadalajara que más tarde integrarían el Instituto de investigación y Estudio de las Ciudades de la Red Universitaria.⁶

Con el objetivo de contrastar, mediante un diagnóstico de escala barrial, las condiciones territoriales objetivas que pueden propiciar la violencia comunitaria en el espacio público y la forma en que es percibido el peligro de violencia en el territorio por las mujeres, se desarrolló un caso piloto que permitió contar con información puntual para elaborar un proyecto que atendiese las condiciones particulares de la colonia.

Esta aportación tiene el objetivo de mostrar el modelo metodológico que permitió contrastar la ciudad vivida por las mujeres, las experiencias en sus desplazamientos cotidianos, con la ciudad percibida, condiciones físicas del territorio en el que desarrollan dichos desplazamientos y mostrar los resultados obtenidos, como un insumo para atender la violencia comunitaria en las colonias con mayor afectación, bajo la premisa de que en la ciudad se observan territorios y mujeres con diversas características que deben ser consideradas en las políticas públicas que atienden la violencia comunitaria.

Cabe agregar que el Programa para la prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidad cotidiana y en el transporte público de Jalisco finalmente no se puso en marcha debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres en enero del 2019 a iniciativa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y sus funciones se trasladarían a la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Así, la violencia comunitaria en Jalisco sigue siendo un tema pendiente, ya que, si bien en México, según datos del 2019, tenía una prevalencia de 38.7%, poco más baja de la registrada en 2014, en Jalisco era de 48.2%, de manera que se encontraba entre las cinco entidades con mayor violencia comunitaria junto con la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes y Querétaro. (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, 2019, pág. 10)

Por otro lado, los espacios de mayor incidencia de violencia comunitaria eran las calles y los parques con 55% de representación y las agresiones por lo general eran de tipo sexual (66.8%), tales como: piropos ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación. En segundo lugar, se ubicaban los sistemas de transporte público con el 21.9% (incluye transporte masivo, colectivo y taxi) y en tercer lugar con 5.2% mercados, plazas, tianguis y centros comerciales (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2017, pág. 26)

La producción de la ciudad de Lefebvre desde la perspectiva de género

La violencia comunitaria se desarrolla en el espacio público, sin embargo, el territorio de lo público y las mujeres que sufren dicha violencia no son homogéneos en las ciudades, de manera que esta relación es fundamental para entender el fenómeno y proponer acciones adecuadas para tratarlo, dicho de otra manera, no se puede entender el espacio como soporte material de la acción social sino como promovente y receptor de la misma. Por ello la línea teórica que orientó el modelo metodológico de esta propuesta se sustenta en la relación dialéctica existente entre el espacio y el hecho social, poniendo en valor el enfoque histórico bajo la perspectiva de Lefebvre a partir de su propuesta de la triada de la producción del espacio: espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido.

Para Lefebvre el proceso de producción del espacio (proceso) y el producto (objeto) –o sea, el mismo espacio social producido- se presentan como un único elemento inseparable. Cada sociedad produce un espacio en cada coyuntura histórica, en un proceso eternamente inacabado no de naturaleza dialéctica –como tradicionalmente- sino que trialéctica (dialectique de triplicité) sustentado en un trípode conceptual sustentado en: las representaciones del espacio, los espacios de representación y las practicas espaciales. (Baringo Ezquerra, 2013, págs. traduccion del autor de Lefebvre, 1985)

Estos son los principales conceptos propuestos en la producción del espacio de Lefebvre de acuerdo a Ezquerra (2013):

El espacio concebido se refiere a la representación abstracta de la ciudad bajo el discurso gráfico (signos y códigos) y verbal (jergas) de especialistas que intentan “codificarlo, racionalizarlo y, finalmente, tratar de usurparlo” (2013, pág. 124).

El espacio vivido es el espacio de la representación en el que los habitantes experimentan el espacio haciendo uso simbólico de la materialidad que lo compone (territorio objetivo), de manera que se complejiza la comprensión de los componentes físicos hacia su función simbólica.

El espacio percibido se refiere a las prácticas espaciales, a la interacción entre los habitantes desde su diversidad, ya sea por cuestión de género, edad, creencias e ideologías, etc. El espacio percibido incluye, de acuerdo a Dimendberg, la producción material necesaria para la vida cotidiana (vivienda, espacios públicos, etc.) y la transformación del ambiente edificado (1998 en Ezquerra, 2013) por lo que está estrechamente relacionado con la percepción que tiene de este la gente.

El planteamiento de Lefebvre se sintetiza en el siguiente esquema tomado como ejemplo el elaborado por Ezquerra (2013)

Figura 1. Trialéctica de Lefebvre sobre la producción del espacio con base en Ezquerra (2013) y adaptación propia para el estudio de violencia comunitaria

Esta relación planteada por Lefebvre es inestable, es decir, puede variar en el orden y características de su interacción en cada caso específico, de manera que por ello su estudio e interpretación es fundamental para proponer acciones coherentes frente a la necesidad de atender problemas socioespaciales.

Para el estudio de la violencia comunitaria es fundamental, ya que se toma como sujeto de análisis a las mujeres para entender el espacio percibido y el espacio vivido, mientras que el enfoque de género se toma como categoría de análisis para analizar la violencia comunitaria.

Dado que la literatura especializada en materia de género ha dejado en evidencia que la producción del suelo urbano basado en procesos de planificación urbana no considera la condición y necesidades de las mujeres, es fundamental entender el espacio desde una nueva perspectiva que, aunque compleja, otorgaría la oportunidad del ejercer el derecho a la ciudad desde la perspectiva de Lefebvre (1969).

Método: el espacio público y las mujeres

Desde la perspectiva de que el territorio de la movilidad urbana cotidiana es el espacio público, para la elaboración del método también se consideró, por un lado, la construcción de la materialidad física del espacio público urbano y sus transformaciones, así como los desplazamientos que realizan las mujeres en la escala barrial para entender el espacio percibido y, por otro lado, las experiencias de violencia comunitaria vividas por las mujeres en este espacio público para entender el espacio vivido.

En primer término, hay una aproximación a la comprensión del espacio concebido a partir de un breve análisis del proceso de producción del territorio de estudio, para lo cual se realizó una recopilación histórica del desarrollo de la colonia y se analizó el plan parcial de desarrollo del municipio donde se emplaza.

En segundo término, para identificar el espacio percibido que influyen en la movilidad cotidiana segura de las mujeres, fue necesaria la revisión de documentos oficiales y académicos que tenían como eje principal de trabajo la violencia comunitaria contra las mujeres o en general la seguridad en el espacio público. Destaca el documento clásico de Jane Jacobs Muerte y vida de las grandes ciudades, donde la autora desde su agudo y crítico sentido común “identifica las causas de la violencia en lo cotidiano de la vida urbana” (2021, p.0) y no solo menciona la importancia de las condiciones de las calles y las aceras sino también expone una categoría clave para este método, la vigilancia natural en la que Jacobs expone la importancia de la gente en las calles para que una ciudad esté a salvo del temor. La aglomeración social en las calles, como enfatiza la autora, es factible solo cuando estas ofrecen interés, es decir, razones para estar allí, de manera que la gente participa activamente de su condición de ciudadano y ejerce su derecho al uso de la ciudad.

…las aceras y quienes las usan no son beneficiarios pasivos de la seguridad o víctimas indefensas de un peligro. Las aceras sus usos adyacentes y sus usuarios son partícipes activos en el drama de la civilización contra la barbarie que se desarrolla en las ciudades. Mantener la seguridad de la ciudad es una tarea fundamental de las calles y aceras de una ciudad (Jacobs, 2013, pág. 55)

Desde la perspectiva de la movilidad cotidiana dicho interés se sitúa en los servicios de apoyo a la domesticidad y al cuidado que tienen como rol las mujeres en el modelo social patriarcal que caracteriza aún a la sociedad mexicana contemporánea, así como a las actividades laborales y lúdicas que también se han incorporado a su cotidianidad. De manera que para la ficha del levantamiento físico de la colonia de estudio se consideraron los siguientes apartados:

Visibilidad: factores que influyen en la visibilidad de las calles y aceras como los terrenos baldíos, vegetación y arbolado en mal estado de conservación y la presencia de muros continuos.⁷

Alumbrado público: infraestructura necesaria para el uso nocturno del espacio público.

Estaciones de transporte público: oficiales o no, y sus condiciones de manteamiento

Aceras: Características físicas de las aceras que incluyen desde su presencia en las calles, su libertad de uso (ausencia de obstáculos como automóviles estacionados jardineras u otros elementos que limiten su uso), su sección adecuada para mujeres con niños o adultos mayores, así como su estado de conservación y mantenimiento.

Vigilancia natural que incluye la presencia de usos de apoyo a la domesticidad y el cuidado o de orden lúdico (ver formato de levantamiento en anexo)

El análisis de los desplazamientos cotidianos de las mujeres en la escala barrial se desarrolló mediante observación directa del uso del espacio público, lo que permitió identificar las calles de mayor flujo de personas incluyendo a las mujeres.

En tercer término, para conocer el espacio vivido desde la perspectiva de género o, dicho de otra manera, las experiencias de las mujeres durante su movilidad cotidiana en los entornos de proximidad (colonia o barrio), se consideró la técnica del plano plenum.

El plano plenum se puede definir como la localización cartográfica de las experiencias de los habitantes en el uso de la ciudad, que se llevó a cabo por primera vez en 2004 en el marco de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) y Ciudad Abierta, organizada por las escuelas de arquitectura de Medellín, Colombia. Desde entonces se han desarrollado múltiples ejercicios de cartografía social asociada a diferentes eventos, sin embargo, en materia de seguridad no se identificaron experiencias previas.

En consideración de que el objetivo del ejercicio fue identificar los lugares seguros e inseguros en el espacio público a partir de la percepción de los residentes, particularmente de las mujeres y niñas, el plano plenum en este caso particular, consistió en montar de manera efímera una foto aérea de la colonia de gran formato, en material resistente (papel revestido en plástico o lona), para proponer a las transeúntes que residen en la colonia, identificar los lugares donde perciben mayor y menor seguridad. El nivel de inseguridad se estableció mediante etiquetas de colores que simbolizan un semáforo: rojo, muy inseguro; amarillo, poco seguro; y verde, seguro.

Dada la dificultad de lectura de una foto área, el personal técnico formado por el equipo de consultores, así como estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad de Guadalajara,8 orientaron la participación de los residentes de la colonia sobre el ejercicio, a partir de las preguntas siguientes: ¿Cuáles son los lugares más inseguros de la colonia Las Huertas? y ¿Por qué?; ¿Cuáles son los lugares más seguros? y ¿Por qué?; ¿Cuáles son los lugares poco seguros? y ¿Por qué?

Las respuestas fueron registradas en una tabla, a manera de bitácora, así como el primer nombre y la calle de residencia de los participantes, mientras que los lugares fueron identificados directamente en la foto aérea y señalados con etiquetas adhesivas de los colores ya mencionados. Cabe agregar que durante el ejercicio la mayor parte de los residentes participantes identificaron las diferentes tipologías de seguridad de los espacios mediante acuerdo familiar, es decir, aunque las preguntas se hicieron a las mujeres de la familia estas consensaban con sus acompañantes (familiares o amigos) su percepción. Asimismo, la mayor parte de la población ignoró las etiquetas amarillas que simbolizaban el punto medio de la seguridad, y se enfocó solo en las zonas más seguras (verde) y muy inseguras (roja).

Una vez terminado el ejercicio, la información se vertió en un mapa de percepción de seguridad por medio de Sistemas de Información Geográfica.

Caso de estudio

Para la selección del área de aplicación del proyecto piloto, se tomaron en cuenta las condicionantes que a continuación se detallan.

Diagnóstico del Programa de difusión y prevención de violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco. Se determinó que el área de aplicación fuera una de las colonias consideradas por denuncias diversas por inseguridad, en las encuestas elaboradas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) en el año 2015 (Figura 2).

Proyecto piloto del Modelo Ruta-Empresa del Sistema de Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara. Se consideró oportuno seleccionar una colonia de influencia del corredor de la primera etapa del nuevo modelo Ruta-Empresa del sistema de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara como proyecto piloto que sería extendido a otros municipios del Estado. Cabe mencionar que los operadores de las unidades del corredor mencionados recibieron capacitación en materia de violencia comunitaria contra las mujeres por parte de IJM.

Índice de marginación. Este indicador compuesto, proporciona una evaluación más consistente desde el punto de vista estadístico de las condiciones de desarrollo en que se encuentran las colonias de interés por el paso del corredor de la primera etapa del Modelo Ruta-Empresa que consideraba autobuses y parabuses renovados, carril preferente para el transporte público y capacitación a operadores.

Integración de los diferentes sistemas de transporte público. La presencia de diferentes sistemas de transporte público e intercambio modal constituyó un elemento de interés para analizar sus características espaciales, los flujos y la percepción de seguridad

Espacios inseguros identificados por la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara. En las reuniones desarrolladas por el equipo especializado de funcionarios y consultores integrado para tal objetivo, la Agencia Metropolitana de Seguridad expresó su interés en considerar ciertas colonias sobresalientes por la violencia comunitaria.

Figura 2. Mapa del nivel de percepción de seguridad de las mujeres por colonia en el Área Metropolitana de Guadalajara y redes de transporte masivo actuales y en proyecto. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del diagnóstico del Programa de difusión y prevención de violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco, 2015.

Figura 3. Índice de marginación por AGEB en el corredor de la primera etapa de aplicación del nuevo modelo de transporte público Ruta-Empresa. Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.

Las colonias elegidas para los proyectos piloto, atendiendo a los criterios mencionados y a la recomendación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, fueron Las Huertas y San José del Castillo, ambas localizadas en el cinturón periurbano del Área Metropolitana de Guadalajara en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, respectivamente.

En esta aportación se analiza la colonia Las Huertas, localizada en Tlaquepaque, uno de los municipios con mayor desigualdad socioeconómica del Área Metropolitana de Guadalajara, con 34% de su población en condición de pobreza multidimensional, 67% de su población con alguna carencia social, sobre todo en el acceso a la seguridad social (45%), a los servicios de salud (29.6%) y a la alimentación (26%) y con 15% de su población de 15 años y más analfabeta. Asimismo, ocupa el lugar 97 en el Índice Municipal de Medio Ambiente respecto de los 124 municipios de Jalisco lo que muestra el rezago en la atención ambiental. (Instituto de información Estadística y Geografía, 2018).

Las Huertas en particular contaba en 2015 con aproximadamente 18,800 residentes de los cuales el 50.7% eran mujeres (INEGI, 2015). Cabe agregar que para 2020 el crecimiento demográfico de la colonia es marginal con un registro de 18,912 habitantes del cual el 50.34% son mujeres, sin embargo, su principal característica es la alta prevalencia de población infantil (INEGI, 2020).

Esta colonia se localiza en un territorio que desde los años 80 fue relevante por la presencia de agua superficial que dio motivo a la construcción de una presa y una planta potabilizadora que provee de recurso hídrico a la ciudad (Torres, 2012). La presa se localiza entre las calles Salvador Orozco Loreto y Chico, mientras que la planta potabilizadora está localizada en la Av. Enrique Álvarez del Castillo casi esquina con las calles Capulín y Sidra.⁹

Al tener un origen irregular, en Las Huertas se localizan viviendas de autoconstrucción localizadas incluso en los cauces de agua, lo que ha dado como resultado una urbanización con importantes accidentes topográficos que generan callejones sin salida y desniveles en calles que pueden llegar hasta el 20%; algunas de las cuales en la época de lluvias (junio-septiembre) se convierten en torrentes de agua. Cabe agregar que de acuerdo a la literatura especializada para que los espacios públicos sean accesibles no deben de superar el 6% de pendiente longitudinal y el 2% de pendiente transversal (SIMPROMI, 2005; Orden VIV/561/2010, España; Mínguez, 2012)

Las calles de mayor jerarquía identificadas por su sección, actividad económica y flujo vehicular y peatonal son la Av. Salvador Orozco Loreto y la calle Durazno en sentido Oriente-Poniente; y las calles Cereza-Chico-San Miguel Arcángel y Capulín en sentido Norte-Sur, las cuales cruzan al norte con la avenida Lázaro Cárdenas que cruza la ciudad en sentido oriente-poniente.

En lo relativo al transporte público, en 2017 esta colonia era cruzada por la ruta troncal T02 Troncal Artesanos, una ruta alimentadora y seis rutas de transporte público convencional, mientras que en 2021 cuenta con cinco rutas troncales y tres complementarias que le proveen de buena accesibilidad (Figura 4).

Figura 4. Transporte público en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco en 2017 (Fuente: Elaboración propia con imagen Digital Globe)

Espacio concebido: las condiciones físicas del espacio público

El levantamiento de las características físicas del territorio permitió identificar las zonas propicias para la violencia comunitaria contra las mujeres desde la perspectiva de la movilidad cotidiana, que a continuación se detallan de acuerdo a los apartados del instrumento del levantamiento.

Visibilidad y Alumbrado Público

En Las Huertas, la presencia y funcionamiento del alumbrado público, necesario para el uso nocturno del espacio público, se observó en la mayor parte de la colonia (Figura 5). Por otro lado, los factores que mayor influencia tuvieron en la visibilidad de las calles fueron los muros continuos y terrenos baldíos a lo que se agrega en estos últimos la presencia de vegetación y arbolado en mal estado. (Figuras 6 y 7).

La presencia de muros continuos en banquetas y de terrenos baldíos coinciden en su localización y estos a su vez concuerdan con las calles que presentan ausencia de alumbrado público, resultando en espacios donde se acumulan desventajas para la movilidad cotidiana segura de las mujeres, es decir, se presentan como espacios propicios para la violencia comunitaria.

Destacan en este sentido al norte de la colonia las calles Tamiahua, Capulín y Pitallos que delimitan grandes lotes que dan servicio al transporte de carga pesada; algunas secciones del oriente y poniente de las calles Zalate, Mora y Membrillo; así como calles con menor nivel de consolidación por ser cauces de agua intermitentes (figuras 5, 6 y 7).

Figura 5. Presencia de alumbrado público en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco. (Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento realizado en julio del 2017)

Figura 6. Presencia de muros continuos en las calles de la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco. (Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento realizado en julio del 2017)

Figura 7. Presencia de terrenos baldíos en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco. (Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento realizado en julio del 2017)

Aceras / Banquetas

El análisis de las aceras consideró su presencia en las calles, su mantenimiento, la ausencia de obstáculos y la sección adecuada para su uso por mujeres con niños o adultos mayores con acompañantes (ver formato de levantamiento en anexo)

El levantamiento mostró un alto déficit de banquetas en la zona sur y suroriente de la colonia, así como en los límites norte y norponiente muy cercanos a la Avenida Lázaro Cárdenas (Figura 8).

El problema fundamental se centra en la irregularidad y poca sección de las banquetas equivalente en promedio a 1.5 m, de manera que solo algunas calles tienen banquetas amplias como Salvador Orozco Loreto, Sandía, Capulín y Guanábana que tienen en promedio 3.0 m de sección con algunas partes de 5.0 m y hasta 6.0 m, Guayaba que en algunas partes llega a 4.0 m. y Durazno con 3.0 m en promedio.

Si se considera que de acuerdo a la literatura especializada la sección mínima de la banqueta debe ser de 3.6 m, solo el primer grupo de calles estaría en condiciones de cumplir con un desplazamiento peatonal accesible (Mínguez, 2012; Orden VIV/561/2010, España). Sin embargo, ya que se recomienda una sección de 5.0 m para que la calle pueda albergar actividad urbana (Mínguez, 2012; Orden VIV/561/2010, España), incluso estas calles solo en algunos de sus partes podrían cumplir adecuadamente con actividad urbana vinculada con la localización de giros económicos y servicios básicos barriales.

Otro problema es la calidad de las aceras que va de regular a mala en la mayor parte de la colonia, ya que se observan desde fracturas leves a fracturas que se consideran obstáculos y afectan la accesibilidad urbana. Solo algunas manzanas a lo largo de las Av. Salvador Orozco Loreto y la calle Capulín cuentan con rampas para la movilidad de personas con sillas de ruedas o carritos infantiles (Figura 9).

Las fuertes pendientes de algunas calles constituyen obstáculos que afectan la movilidad en las banquetas, las cuales van intercalando escalones de alto peralte para librarlas. Otros obstáculos identificados en las banquetas son: postes, jardineras y arbolado; pero también son frecuentes cocheras, escaleras y habitaciones de las viviendas –algunos convertidos en negocio-, que rebasan la propiedad privada y ocupan el espacio público de la banqueta. Solo en las calles de mayor actividad económica los puestos temporales de venta –principalmente comida- son obstáculos importantes.

En conclusión, a excepción de la zona Suroriente y Nororiente, y algunas secciones de la Av. Salvador Orozco Loreto y Capulín, el resto de las banquetas de la colonia, equivalente al 70% de la superficie, presenta obstáculos que afectan los desplazamientos peatonales seguros en la colonia (Figura 10).

Figura 8. Presencia de banquetas en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco. (Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento realizado en julio del 2017)

Figura 9. Mapa 01. Presencia de rampas para el acceso de personas con movilidad reducida en la colonia Las Huertas. (Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.)

Figura 10. Presencia de obstáculos en banquetas en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco. (Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento realizado en julio del 2017)

Vigilancia natural

La presencia de actividades económicas y equipamientos públicos en las calles es una de las características urbanas que promueven la vigilancia de los propios habitantes en sus espacios de vida cotidiana, condición a la que Jacobs (2013) denominó vigilancia natural. Aunque hay otros aspectos importantes de la vigilancia natural como la tipología de la vivienda que no se consideró por el ajustado periodo previsto para el estudio.

En la colonia solo se observan dos calles con una clara prevalencia en la localización de actividades económicas: la Av. Salvador Orozco Loreto (Norte-Sur) y la calle Capulín (Oriente-Poniente), que pueden considerarse como ejes de vida ciudadana. Otras calles en su intersección con las mencionadas muestran presencia de actividad económica como Perón, Fresa, Tejocote y Arrayán. Hay otras calles que muestran alguna actividad económica de importancia como Durazno y Pera (Figura 11).

Figura 11. Calles con presencia de actividades económicas que promueven la vigilancia natural (Fuente: Elaboración propia con datos levantamiento realizado en julio del 2017)

Estaciones de transporte público

Las estaciones de transporte púbico, su presencia, características de diseño y mantenimiento, fueron un factor esencial debido a que las características del programa se centraban en particular en la movilidad cotidiana en el transporte público (ver formato de levantamiento en anexo).

La mayor parte de las paradas de transporte público no contaban con paradero solo con señalética, de manera que las y los usuarios no tenían resguardo de las inclemencias del tiempo que en la ciudad pueden ser de extremo calor o tormentas en el temporal de lluvia.

Los escasos paraderos que se observaron eran de acrílico y la publicidad no permitía accesibilidad visual de manera que era propicio para actos de violencia.

Acumulación de desventajas

Con base en los resultados de los indicadores analizados se identificaron las zonas de Acumulación de Desventajas Urbanas (en adelante ZADU) donde la intervención urbana era necesaria para mejorar la seguridad de la colonia Las Huertas.

Figura 12. Calles con acumulación de desventajas espaciales para movilidad urbana cotidiana ciudad segura en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jalisco (Fuente: Elaboración propia con datos levantamiento realizado en julio del 2017)

Zona 1. Localizada al Norte entre las calles Tamiagua, Violeta, Pitallos y Capulín; donde se observa la presencia de largos muros continuos en banquetas y grandes lotes de apariencia baldía por el tipo de actividad económica que se desarrolla en su interior; los cuales provocan la presencia de calles desoladas y, en consecuencia, ausencia de vigilancia natural, a lo que se suma el problema de iluminación. La calle Tamiahua en particular, con recubrimiento de terracería y delimitada con largos muros ciegos, lotes baldíos, y edificaciones en abandono que en conjunto generan desolación permanente, constituye un foco importante de inseguridad (Figura 13).

Figura 13. Calle Tamiahua desde la Capulín casi en la esquina con Av. Lázaro Cardeñas. Fotografía de Google Street recuperada el 19 de agosto de 2017.

Zona 2. Localizada al Poniente entre las calles Mora, Melón, Membrillo y Chico-San Miguel Arcángel, en la que se ubica en la calle Zalate una escuela privada, el Colegio Nueva España, y en la acera de enfrente un gran baldío con un cauce de agua que constituye el foco central del problema de seguridad. Esta calle con recubrimiento de terracería y ausencia de banquetas, presencia de muros continuos que resguardan la escuela privada y el lote baldío de media manzana; generan durante el día largos periodos de desolación que solo son interrumpidos en los horarios de ingreso y salida a la escuela. A estos se suma la basura, vegetación y arbolado en condición de descuido, así como un cauce de agua con caudal efímero, presente solo en época de lluvias (junio-septiembre) y el resto del año con vegetación prominente, en cuya delimitación poniente se localiza un sendero irregular que funciona como atajo que permite atravesar la manzana (Figura 14).

Figura 14. Calle Zalate vista desde la calle Papaya. Fotografía de Google Street recuperada el 19 de agosto de 2017.

Zona 3. Localizada al Sur de la Av. Salvador Orozco Loreto, entre las calles Mango, Pera, Manzana y Uva, tienen como condición particular la presencia de un cauce de agua con un pronunciado desnivel de alrededor de 2.0 m. que da nombre a la calle Mandarina. Aunque hay presencia de viviendas, constituye una calle sin salida con riesgo de inundación y violencia, la cual llega a la calle Cereza en un lote baldío que da continuidad al cauce de agua, con presencia de agua encharcada, arbolado y vegetación en descuido y basura. La presencia de baldíos en esquinas puede constituir una oportunidad de creación de espacios públicos (Figura 15).

Figura 15. Calle Mandarina vista desde la calle Pera. Fotografía del levantamiento de julio 2017

Zona 4. Localizada al Sur de la colonia entre las calles Manzana, Mezquite, Chirimoya, Guamuchil, Álvarez del Castillo, Nogal y Lima; cuyo problema se centra fundamentalmente en la calle Nogal que tiene una sección promedio de 5.0 m donde se localiza un cauce de agua que ocupa la mitad de la calle, el cual puede ser cruzado a través de puentes improvisados que cotidianamente utilizan los residentes de la zona, especialmente los niños de la escuela Lázaro Cárdenas del Río. Entre la calle Nogal y la Privada Aguacate el cauce concluye y alberga, agua encharcada, basura y vegetación que pueden ser observadas desde la calle Chirimoya, que no cuenta con barreras de contención para evitar caer al cauce. La calle Nogal es de terracería y empedrado y no hay banquetas; mientras que las calles aledañas tienen recubrimiento de empedrado en estado regular, la banqueta tiene una sección en promedio de 1.0 m y un peralte de hasta 0.30 m respecto del arroyo de la calle, que indica la presencia de altos afluentes de agua. Por sus características, la calle Nogal no cuenta con alumbrado público, ni actividades económicas que promueven la vigilancia natural (Figuras 16 y 17) generando un foco de circunstancias propicias para la inseguridad.

Figura 16. Calle Nogal vista en su confluencia con Limón. Fotografía de Google Street recuperada el 19 de agosto de 2017

Figura 17. Calle Nogal. Fotografía del levantamiento de julio 2017.

Zona 5. Localizada al Sur a lo largo de la calle Níspero entre Aguacate y Cereza, esta calle está en condición de abandono, ya que tiene recubrimiento de terracería y no cuenta con banquetas, presenta fuertes desniveles y hay una abundante presencia de lotes baldíos ausentes de mantenimiento, es decir, los alambrados están desplomados y al interior hay vegetación prominente que obstaculiza la visibilidad (Figura 23).

Figura 18. Calle Níspero en su confluencia con Aguacate. Fotografía de Google Street recuperada el 19 de agosto de 2017

Espacio vivido: experiencias de violencia comunitaria en el espacio público

La construcción del mapa de inseguridad a partir del plano plenum se realizó en domingo con el objetivo de lograr una mayor participación de la población y se colocaron dos instalaciones: la primera en la calle Arrayán a un costado del Templo de la Purísima, con el objetivo de captar la atención de la población asistente a las dos sesiones matutinas de la misa dominical y la segunda en el Mercado Municipal por la calle Lima, para captar la atención de las usuarias del mercado. Cabe agregar que ambas se localizan en los ejes influencia de la calle Salvador Orozco Loreto.

Desde el montaje de la instalación en la calle Perón, llamó la atención el plano colocado en el piso y poco a poco la gente empezó a preguntar y participar. Se contabilizó un registro de 214 participaciones de residentes de la colonia Las Huertas, de los cuales el 66% (142) fueron mujeres y niñas y el 34% (72) fueron hombres y niños. Sin embargo, como se puede ver en las imágenes, cada registro fue consensado por más de una persona, ya que iban en familia, pareja y amigos a la misa de las 9:00 horas y de las 12:00 horas (Figura II.4), de manera que la participación fue representativa. Fue asimismo notable la participación de niñas y niños que describían con detalle las zonas peligrosas de la colonia incluso las casas en donde se vendían drogas (Figuras 19-25).

En la instalación del mercado municipal la afluencia fue menor pero los registros se enfocaron en el problema de inseguridad localizada al suroriente de la Av. Salvador Orozco Loreto.

Figura 19. Participación plano plenum calle Perón, Las Huertas, Tlaquepaque, AMG, 24/Sept/2017

Durante el levantamiento, los habitantes de la colonia señalaron un total de 474 puntos, indicando el nivel de seguridad percibida (figura 25).

Figura 20. Resultados del levantamiento de percepción de seguridad en la colonia Las Huertas, Tlaquepaque Jalisco, de acuerdo a la técnica de Plano Plenum

Color

Nivel de seguridad percibido

Número de señalamientos

Porcentaje

Verde

Seguro

64

13.5%

Amarillo

Poco seguro

36

7.6%

Rojo

Muy inseguro

374

78.9%

La mayoría de los puntos señalados se perciben como muy inseguros (78.9%) y solo el 13.5% de los señalamientos se refiere a lugares como seguros (Figura 25).

Para cuantificar con mayor precisión y de una forma más objetiva la percepción de la seguridad con base a estos señalamientos se ponderó, con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica, la densidad espacial de los puntos señalados a través de la metodología de densidad kernel, atribuyendo un valor positivo a los puntos percibidos como seguros y negativo a aquellos percibidos como muy inseguros. Los valores de densidad resultantes fueron sucesivamente reportados a una escala numérica de valores entre 1 y 10, dónde los valores inferiores indican percepción de mayor inseguridad y los más altos indican percepción de mayor seguridad.

En los mapas de las figuras 26 y 27 se puede notar que los puntos percibidos como seguros y menos inseguros (puntos verdes y amarillos respectivamente) se concentran en el área central de la colonia, en correspondencia del cruce de la avenida Salvador Orozco Loreto con las calles Arrayán y Perón, dónde se encuentra la iglesia de la Purísima Concepción, un elemento simbólico de fuerte influencia y la zona de mayor actividad comercial. Asimismo, se identificaron

En el mapa de la figura 27, los valores de seguridad son más claros y están representados con una escala de colores de rojo (muy inseguro) a verde (seguro) lo que permitió identificar tres grandes áreas como muy inseguras:

El cuadrante sur-poniente de la colonia, entre la avenida Salvador Orozco Loreto y las calles Mezquite, Álvarez del Castillo y Cereza;

Una amplia zona en el sector norte-oriente de la colonia a lo largo de las calles Piña y Sandía;

Un área más pequeña en el sector norte-poniente de la colonia, centrada en la confluencia de las calles Membrillo y Zalate.

Figura 21. Puntos señalados por los habitantes de la colonia Las Huertas, Tlaquepaque, Jal. de acuerdo a su nivel de seguridad percibida. Elaboración propia

Figura 22. Nivel de seguridad percibida en la colonia Las huertas, Tlaquepaque, Jalisco. Elaboración propia.

El hallazgo más relevante del ejercicio mostrado fue la amplia coincidencia de la localización de las condiciones territoriales con mayores desventajas a las que denominamos Zonas de Acumulación de Desventajas Urbanas (ZADU) para la movilidad peatonal con las experiencias de violencia, vividas o percibidas, por las mujeres y sus familias:

ZADU 2 Localizada al Poniente entre las calles Mora, Melón, Membrillo y Chico-San Miguel Arcángel donde se identificó frente al Colegio Nueva España un gran baldío con un cauce de agua y vegetación crecida y en mal estado que constituye el foco central del problema de seguridad.

ZADU 3. Localizada al Sur de la Av. Salvador Orozco Loreto, entre las calles Mango, Pera, Manzana y Uva las cuales tienen como condición particular la presencia de un cauce de agua con un pronunciado desnivel de alrededor de 2.0 m. que da nombre a la calle Mandarina.

ZADU 4. Localizada al Sur de la colonia entre las calles Manzana, Mezquite, Chirimoya, Guamúchil, Álvarez del Castillo, Nogal y Lima. El problema se centra fundamentalmente en la calle Nogal que tiene una sección promedio de 5.0 m donde se localiza un cauce de agua que ocupa la mitad de la calle, el cual puede ser cruzado a través de puentes improvisados que cotidianamente utilizan los residentes de la zona, especialmente los niños de la escuela Lázaro Cárdenas del Río

Sin embargo, también se identificó la omisión de algunas Zonas de Acumulación de Desventajas, quizá porque están localizadas en los límites de la colonia y los residentes no las frecuentan:

ZADU 1. Localizada al Norte entre las calles Tamiahua, Violeta, Pitallos y Capulín; donde se observa la presencia de largos muros ciegos en banquetas y grandes lotes de apariencia baldía por el tipo de actividad económica que se desarrolla en su interior

ZADU 5 Localizada al Sur a lo largo de la calle Níspero entre Aguacate y Cereza donde la superficie es de terracería y no cuenta con banquetas, tiene desniveles abruptos y presencia de lotes baldíos en condición de abandono.

A pesar de que las zonas limítrofes de la colonia no había lugares de afluencia social que permitieran generar un ejercicio de percepción con suficiente concurrencia, para trabajos posteriores consideramos necesario poner la instalación itineraria del plano plenum en algunos lugares cercanos a los límites de las colonias de estudio para captar, aunque sea algunos registros de percepción.

Conclusiones

Las condiciones del territorio sí importan, ya que influyen tanto en el uso y percepción que tienen las mujeres de este, como de su manejo-apropiación por grupos criminales que desde más de tres décadas acechan la ciudad. La ciudad percibida y la ciudad vivida por las mujeres, por lo tanto, tienen espacios de coincidencia en cuanto a la percepción del riesgo y esto se debe utilizar para repensar la ciudad y el derecho que tienen las mujeres y los ciudadanos a la ciudad y a una vida libre de violencia.

La caminabilidad de la ciudad y la presencia de dinámicas de proximidad (Olivares, 2016), son recursos necesarios en los barrios y esto lo ha demostrado la pandemia por COVID-19, sin embargo, la inseguridad puede ser un factor que promueva el encierro en la vivienda a manera de un cuartel de seguridad en vez de considerarlo un refugio de bienestar.

Los estudios elaborados para instancias oficiales son siempre una oportunidad de hacer aportaciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades. Este estudio permitió experimentar nuevas formas de aproximación al hecho urbano ya que, tanto el análisis territorial como el social dejaron aprendizajes importantes sobre la relación entre el espacio vivido y el espacio percibido por las mujeres, sin embargo, se quedaron en el camino otros ejercicios propuestos como el análisis de la tipología de la vivienda, los flujos de movilidad, entrevistas a algunos actores clave identificados en la colonia, que ya no pudieron ser desarrollados por falta de tiempo para la entrega del informe final. Quedan pendientes estos ejercicios.

Bibliografía

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Jacobs, J. (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid, España: Capitan Swing.

4 En el Programa de difusión y prevención de violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco, 2015, se vertió el diagnóstico del Área Metropolitana de Guadalajara que fue considerado para realizar en 2017 el Programa de prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidad urbana cotidiana y en el transporte público urbano en Jalisco.

5 El Programa para la prevención de la violencia contra las mujeres durante la movilidadcotidiana y en el transporte público de Jalisco (en adelante El Programa) se desarrolló a solicitud del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) entre junio y diciembre del 2017. Este programa toma como antecedente y es continuación natural del Diagnóstico para la difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Jalisco encargado en 2015, elaborado por el IJM y representa una respuesta a los desafíos que el diagnóstico pone en evidencia. Así, el objetivo general del programa era garantizar a las mujeres el derecho a una ciudad que favorezca su seguridad, desarrollo y bienestar durante su movilidad cotidiana mediante el acceso oportuno a información actualizada, a la transformación de patrones socioculturales mediante la educación, a la renovación de los espacios públicos como espacios de confianza y al acceso a un transporte público seguro mediante el nuevo modelo de Sistema de Transporte Ruta Empresa (SITRAN). El periodo de vida del Programa era del año 2017-2023, sin embargo, con la extinción del Instituto Jalisciense de la Mujeres y sus socios, la Agencia Metropolitana de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, al inicio del gobierno del Mtro. Enrique Alfaro (2018-2024), se quedaron en el limbo el programa y sus diagnósticos.

6 El Instituto de investigación y Estudio de las Ciudades (IN-Ciudades) surge como resultado de la convocatoria emitida por el Consejo General de la Universidad de Guadalajara para la creación de Institutos de Investigación de la Red Universitaria bajo una perspectiva multidisciplinar. El IN-Ciudades fue aprobado en octubre del 2018 con sede en el Centro universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño con la participación de investigadores de ese centro universitario y de los centros universitarios metropolitanos de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Ciencias de la Salud (CUCS); Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y de Tonalá (CUTonalá); así como el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario. En el mes de mayo del 2019 se integraron los Centros Universitarios Regionales de la Costa (CUCosta) y de la Ciénega (CUCienega).El objetivo del IN-Ciudades es realizar investigación de alta calidad con perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, en principio en las líneas de investigación: Ciudad, hábitat y ciudadanía; Ciudad, planeación urbana y ordenación del territorio y Movilidad urbana y espacio público. (https://inciudades.cuaad.udg.mx/inciudades).

7 En el informe de la investigación denominada programa de Prevención de la Violencia durante la Movilidad urbana y en el Transporte Publico Urbano de Jalisco se denominó como muros ciegos a los muros continuos colindantes con las calles cuya característica principal es la ausencia de vanos, sin embargo, a partir de nuestra participación en el taller “Construcción de políticas para la movilidad peatonal” como parte de la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara, México en marzo 2021, los grupos representantes de personas con discapacidad, hicieron hincapié en el carácter despectivo del término, de manera que estamos proponiendo un ajuste al mismo para denominarlos muro continuo.

8 En el proyecto y específicamente en el levantamiento territorial y el taller social del plano plenum, participaron estudiantes del Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad (PNPC-CONACYT), la Maestría en Procesos y Expresión Grafica en la Proyectación Arquitectónica- Urbana (PNPC-CONACYT) y la Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara.

9 Esta planta potabilizadora es alimentada por el Sistema Chapala-Santiago a través del río Santiago o del acueducto Chapala-Guadalajara y puede recibir agua potabilizada, enviada mediante un acueducto que la conecta con la planta conocida como Miravalle, su zona de influencia (del agua que produce) es parte de los sectores Reforma y Libertad, así como el municipio de Tlaquepaque y parte de Tonalá (Torres 2012).

Reflexiones varias sobre desigualdad, mujeres y ciudad, más el COVID-19

Daniel González Romero

Será que esta dialéctica de terrltorlalizaclón / desterrltorializacion hace olvidar las viejas opresiones? Y será que ¿Ia vieja opresión de clases -que la sociología Internacional corre el riesgo de olvidar prematuramente-, por ser transnacionalizable, hace olvidar, de por sí la presencia o hasta el empeoramiento de viejas y nuevas tiranías locales, de origen sexual, racial o étnico?

Boaventura de Souza Santos

Es sugestivo reactivar un tema por el que se ha transitado antes con un propósito diverso, encontrar veredas que aporten algo nuevo al enfoque y reflexión de un problema estudiado antes con un propósito específico. En aquella ocasión se trataba de investigar la violencia ejercida contra las mujeres en el transporte público; problema multifactorial que sucede en los países del mundo pero que toma características particulares en los países de América Latina, resultado de una expresión cultural calificada en términos amplios de “machista”, considerada generalmente herencia histórica colonial.

Para aquel caso, la realidad de México y de Jalisco sirvieron para articular el argumento conceptual y soporte para realizar el trabajo de campo. Este estudio se ubicó en el Área Metropolitana de Guadalajara, en cuyo territorio habitan más de 5 millones de habitantes y, según las estadísticas del 2015, porcentualmente las mujeres superan a los hombres. Sobre el territorio de la metrópoli capital, se mueven y transportan más unos dos millones y medio de viajes por día. En tal ocasión se trató de un trabajo práctico al que fuimos invitados en el año 2017 por la Dra. Erika Loyo Beristain, por entonces directora del Instituto Jalisciense de la Mujer, organismo del Gobierno del Estado de Jalisco. El trabajo lo realizamos apoyados en el grupo de investigación de nuestro Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.¹⁰

Se investigó entonces la violencia que sufren las mujeres en el transporte público, problema cuya dimensión resulta de una realidad bastante compleja, estudiado ampliamente desde diferentes ángulos y contextos en especial por las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, dar cuenta de hechos específicos cuya realidad se encuentra engarzada a contextos sociales-culturales y económicos en lugares concretos, tiene contrastes delicados no solo en el entramado que descubre el trabajo de campo, dada la ola de violencia que sacude a México desde hace décadas.

Se pretende así, no solo a conocer o tratar de entender lo que se encontraba en la superficie, por lo cual decidimos buscar avanzar más allá de lo que la observación directa permitía en la superficie urbana visible del problema. Tratamos así de indagar en ángulos cercados por el temor que oculta y deja en secreto lo que la comunidad no revela por las condiciones particulares del entorno, sea porque las personas no pueden expresar lo que quisieran o provocado por el ostensible ambiente de sobresalto y ansiedad permanente que les hace tratar de dejar pasar, intentar ignorar, la gravedad del problema, realidad atribuida a la desesperanza y desprotección en que viven amplios sectores sociales, provocada, en síntesis, por el miedo soterrado que conforma parte de lo cotidiano de sus vidas; como sucede hoy en el todo territorio del país (no obstante en directo algunas personas hicieron declaraciones que permitieron orientar algunos resultados). Encontramos que el riesgo personal influye en la percepción y aceptación silenciosa de la violencia generalizada ejercida, enraizada en la impunidad con la que actúan los grupos delincuenciales.

La delincuencia organizada es el principal protagonista de la violencia colectiva y criminal que se presenta en el estado de Jalisco. La incidencia de delitos de alto impacto (homicidios, secuestros, extorsiones, robos con violencia) muestra que los habitantes de la entidad viven en un estado de violencia constante que no se reduce a eventos coyunturales del actuar criminal (Amaya y Portilla-Tinajero, 2016). Según datos de la organización México Social (febrero 2021) durante la presente dministración federal se alcanzaron 76,841 víctimas de homicidio doloso en el país, que resultan de sumar 2,842 homicidios intencionales del mes de diciembre de 2018; 36,661 contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2019; 34,515 para 2020 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); y 2,831 víctimas del mes de enero del 2021. (Fuentes, 2021)

El pasado 10 de mayo de 2015 los habitantes de Jalisco vivieron una de las jornadas más violentas registradas en el estado. En menos de dos horas se registraron 39 bloqueos de vialidades en 20 municipios del estado, 11 sucursales bancarias vandalizadas, cinco gasolineras incendiadas, 36 vehículos incendiados y dos comercios dañados […] Ello provocó que siete personas perdieran la vida (dos presuntos delincuentes, un civil, un elemento de la Fiscalía General del Estado y tres oficiales de la Sedena), 19 resultaron heridos (13 militares, un policía, tres civiles y dos presuntos delincuentes). Sin contar el pánico experimentado por la población, las afectaciones a las rutas de transporte público y a la tranquilidad de la vida cotidiana fueron insoslayables. La jornada de violencia del 10 de mayo afectó, de manera directa, a siete municipios de la zona metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga) y a 18 municipios del interior de la entidad. Además, los disturbios se extendieron a los estados circunvecinos de Colima, Guanajuato y Michoacán (Amaya y Portilla-Tinajero, 2016) (Portilla, 2016, pág.122 )

“...la importancia de la expansión del crimen organizado en el Perú, entendido a través de ciertas manifestaciones específicas: el narcotráfico, “sicariato”, extorsión, lavado de activos, etc.[…] crecimiento cuantitativo relevante de la violencia directamente asociada al crimen organizado en Lima Metropolitana. Aún cuando los indicadores apuntan a un crecimiento de las economías ilícitas, un espacio para el lavado de activos e inyección del dinero proveniente de actividades ilegales. Las economías ilegales operan en varias regiones del país generando, por un lado, un campo para actividades delictivas, informales, para la corrupción, la impunidad y el desorden social; pero, por otro lado, representan también una importante fuente de ingresos para las economías de varias regiones, inyectan dinero en el sistema financiero y movilizan capitales”. (Mújica y Zeballos, 2017. Pág. 11)

El problema es, al mismo tiempo, un fenómeno transversal que forma parte de la estructura social fragmentada, marcada por la desigualdad, situación prevaleciente en todas las comunidades del mundo, con sus variantes latinoamericanas en nuestro caso, síndrome que caracteriza al denominado tercer mundo, que bien puede asemejarse a la urdimbre de violencia que sufren las mujeres en el denominado sur global.

Dar cuenta de los hechos y las vicisitudes que sufren hoy familias y personas, nos permite anotar el contexto y condiciones de desigualdad en la que vive la mayor parte de la población, especialmente las comunidades más desprotegidas, que al mismo tiempo conforman un escalonado riesgo globalizado, en disimulada persistencia, de que tal situación siga creciendo. Según datos de la OXFAM, 252 hombres poseen mas riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de Africa, casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5.50 dólares al día y mas dl 80% de las vacunas contra el COVID fueron adquiridas por las paises del G20 mmientraa que el 1% han llegado a paises de renta baja. (Oxfam, 2022). Esta situación ha llegado a límites históricos en el 2021. En marzo del 2021, según la ONU, referido a los Objetivos del Desarrollo Sustentable y la pandemia de COVID 19, el mundo se conduce a una marcada desigualdad, que motiva la peor recesión en casi un siglo: 114 millones de puestos de trabajo se han perdido y 120 millones de personas se han sumido en la pobreza (ONU, 2021).

Si bien es cierto que esa soterrada realidad es la evidencia abierta del diario vivir en el territorio y espacios de las ciudades, adquiere significado cuando se examina y reconoce en el contexto y existencia de la desigualdad, como condición generadora de violencia, escenario en la que subsiste la mayoría de la población, que ha tenido y tiene como epicentro las ciudades, sin dejar de observar que lo mismo sucede hoy en las urbes del mundo. Algo que quedó claro, fue que la pobreza y la desigualdad no son la fuente principal de la violencia, se da en todos los estratos sociales.

Esta situación se reconoce por organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales, entre un amplio repertorio de adversidades e incertidumbre que afecta a colectivos e individuos. Las sociedades y sus instituciones marchan, se debaten hoy entre la encrucijada de una crisis intereses confrontados en escala internacional, cuya dimensión que amenazan permanentemente con disparar una violencia generalizada, violencia y riesgos que van de la mano del sistema y el modelo de vida modernizador liberal-neoliberal que arrastra a la humanidad a una espiral de caos desde hace muchas décadas.

En esta suma, la conjetura es encontrarnos además con los riesgos ambientales y ecológicos a los que está sometida la humanidad y el planeta; ese otro problema urgente de tratar y redimensionar su fondo y sus causas, cuantificar sus daños y las complicaciones activas. Las elusivas ausencias institucionales y el esfuerzo común descoordinado, la esquiva aplicación de los acuerdos multilaterales y las normas que se suponen comprometen a casi todos los países, especialmente los más poderosos, junto con las limitaciones efectivas de los organismos internacionales (para intentar hacer cumplir aplicar lo que se declara, acuerda y firma), son parte de la pendiente que precipita el fenómeno del cambio climático y hace día a día más vulnerable la vida en las ciudades. Podemos pensar o afirmar que la utopía del futuro prometido por la modernidad se ha convertido en una distopía.

No es la idea entablar aquí, por el momento, un debate sobre los problemas ambientales que acechan a todos sin distinción de raza o condición económica, solo mencionar que son parte vinculada a la realidad que se vive en todas las geografías del planeta. Sin embargo, la suma de todo esto no hace sino reiterar que hace falta ahondar en el estudio crítico de los problemas y su origen, sus causas, conocer, identificar a los actores de la comedia y la tragedia, señalar y saber también, con claridad, no ocultar tras la cortina de las corporaciones y la anonimia, quienes deciden y provocan tal estado de cosas. La insultante acumulación de la riqueza y los daños ambientales requieren encontrar otras-nuevas-perspectivas, en claves diferentes para emprender globalmente la solución de los factores relacionados con los ingentes problemas que padece la humanidad y el planeta.

Sabemos en lo general que la población mundial sigue creciendo y llegará a cifras a veces indescriptibles. Vislumbrar 7, 8 o 15 mil millones de personas, entre los que una mayoría vive en medio de la zozobra en las grandes y medianas urbes. Por razones evidentes, ante tal horizonte se requiere analizar críticamente lo que sucede en el proceso de este fenómeno, apoyarse en el concepto de desigualdad con la profundidad de su sentido social, para integrar en la investigación nuevos enfoques vinculados a la complejidad de la ciudad, indagar en la multiplicada relación de problemas que existen. Estudiar la desigualdad como concepto y coexistencia, categoría científica, que debería estar incluso presente en las esferas de gobierno y administrativas, contenidos e incluirlos en contenidos pedagógicos de la educación, con el fin de impulsar y marcar conciencia en todos los niveles de la coexistencia humana y de las comunidades culturales, económicas y políticas, no dejar su explicación en la aparente y continuada retórica del discurso oficial, a los medios de comunicación -especialmente en publicaciones, televisión y redes sociales de la elite- económica dominante o a las de disertación y discursos de los grupos y partidos políticos especialmente los más conservadores.

No ahondamos, por lo pronto, en el concepto de vulnerabilidad, componentes sine qua non de la desigualdad, parte unívoca de esta, ya que inherentes, que son al mismo tiempo germen y consecuencia de las condiciones de vida de las personas y del lugar ecológico que se habita y su repercusiones globales. Recordemos, sin embargo, que en general se utilizan estos conceptos de manera institucionalizada en documentos, informes y textos de investigación, apoyados sus métodos y conclusiones en los datos y estadísticas que se proveen respecto de países y comunidades concretas (PIB, GINI, etc.). Esta concurrida tendencia adolece muchas veces de análisis críticos que comprendan descifrar las condiciones sociales que se mueven en el fondo, ya que la interpretación de los conceptos, métodos e instrumentos utilizados, los paradigmas ampliamente dispuestos por la tradición científica positivista, obedecen a la prevaleciente idea de obtener variables e indicadores guías; en especial legitimados por los informes de organismos internacionales y nacionales, generalmente ligados a los intereses y formas de gobierno o enmarcados en las pistas y corrientes mundializadas del poder financiero.

Por otra parte, muchos estudios basados en datos oficiales son tratados por lo general sin asumir los intereses inmersos en estos. Ante los sucesos y los nubarrones que oscurecen el porvenir, deberíamos hacer énfasis en la necesidad de recapacitar críticamente sobre el origen de conceptos, de categorías y métodos, validados por sus agregados de datos y estadísticas, cuadros y síntesis de origen empírico-pragmático. Existen investigaciones de contenido critico que no ignoran esto, los que con frecuencia exponen sus conclusiones en congresos, artículos, libros y ante autoridades de diferente nivel; sin embargo, cabe preguntarse si en algo ha servido esta vía o si acaso sea necesario mayor presencia o presión crítica abierta, de amplificar el debate, a pesar de la tentación de administraciones y gobiernos por frenar esta o accionar (sutil o directa) la censura.

Respecto del problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, asunto que aquí interesa, cierto es que se ha avanzado en las leyes y normativa considerada por los Derechos Humanos, sin embargo, queda un largo camino por recorrer, pugnar por la aplicación de lo declarado o establecido en convenios internacionales, sobre todo si la conciencia nos permite asomarnos a la realidad de nuestro entorno, y más allá.

Cabe agregar que la intención de retomar el tema, se ve aquí matizada por los problemas que acarrea la pandemia provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2, cuyos impactos amenazan la salud y seguridad de los habitantes de todos los países y de la geografía mundial. Estas reflexiones son parte, por lo tanto, de una etapa de relectura para intentar encontrar una u otra entrada al laberinto social y contextual ahora implicado. La oportunidad que brinda ahora el virus y la pandemia -si así se quiere ver-, es darnos cuenta a fondo de las multiplicadas incongruencias de un sistema que ha menoscabado la calidad de vida de la mayoría de la población del mundo.

Mucho se ha escrito sobre el germen de la violencia, tema actualizado tratándose de las mujeres y el género, sin embargo el virus la pandemia COVID-19 ha develado algo más de lo que se esconde en este problema sobre la estratificación social, la territorialidad, la desigualdad, el racismo y la discriminación y sus dimensiones, ahora en parte claves del dilema que se enfrenta. Es por eso que es imprescindible no alejarse del problema que sigue afligiendo a millones de mujeres y poblaciones en todos los países, como prueba de la existencia “civilizada” del comportamiento humano y los valores sobre los que supone se soporta la existencia en común.

Sobre el tema de la discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) refiere que esta es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. La discriminación se asocia a situaciones de marginación, apartamiento, diferencia, exclusión, distinción, preferencia y segregación REMO, 2011). En este sumario se articulan una serie de afectaciones a la salud física, moral y psíquica de las mujeres de las que las más evidentes son las agresiones directas a su persona en sus hogares o en el trabajo y la calle. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física o sexual por su pareja […] Las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia de pareja sufrida a lo largo de la vida van del 20% en la Región del Pacífico Occidental de la OMS, 22% en los países de ingresos elevados y la Región de Europa de la OMS y 25% en la Región de las Américas de la OMS, al 33% en la Región de África de la OMS, 31% en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS y 33% en la Región de Asia Sudoriental de la OMS (2021). En esta perspectiva, la desigualdad y la discriminación se encuentran en el fondo de la violencia de diverso margen y cualidad que se ejerce sobre las mujeres.

Tal cúmulo de problemas acontecen a pesar de la aceptación de países y autoridades de lo declarado sobre los derechos humanos, lo que más allá de la realidad prevaleciente, en su textualidad significa el ideal incumplido que expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, palabras con las que se abre el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento donde aparece la premisa básica de la no discriminación, establecida en todos los tratados internacionales de derechos humanos. El segundo artículo de la Declaración Universal precisa que no se realizará distinción alguna por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (ONU, 1948).

No obstante, tal ideal institucionalizado y burocratizado, millones de personas alrededor del mundo se enfrentan a la discriminación, que se materializa, entre otras formas, como violencia, intolerancia, exclusión y marginación. Esto representa un obstáculo para el disfrute pleno de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales, así como los derechos civiles y políticos. En consecuencia, muchas prácticas discriminatorias terminan siendo aceptadas socialmente como algo normal e inevitable, quedando así impunes y marginando de facto a determinados grupos sociales (ONU-Derechos Humanos, 2020)

De interpretaciones y realidades

La pandemia del nuevo coronavirus ha generado un estado de alerta global, dejando el mundo en suspenso. Más allá de todas las dimensiones macro, se trató de un acontecimiento global que cambió las rutinas y las vidas diarias de cada ser humano en el planeta, con múltiples impactos para el futuro. Miles de millones de personas quedaron confinadas. Otras, sin embargo, no se pudieron permitir este lujo y siguieron trabajando en el sector de la salud, en la producción, en la distribución de alimentos, en el trabajo social, el transporte, la limpieza y varias otras tareas que, aunque son definidas como “actividades esenciales” en nuestras sociedades, no son suficientemente reconocidas y valoradas.

Bruno Bringel y Geoffrey Pleyers

Cuando a fines del año 2019 apareció la amenaza de la pandemia mundializada por el sistema vigente que ha provocado el virus bautizado como Covi-19, se puso al descubierto que tal crisis devela las muchas otras crisis almacenadas. Al unísono, instituciones académicas, científicas y gobiernos se lanzaron a revisar una parte del pasado e intentar recapitular actuaciones, en algunos casos revisar su presente.

Al mismo tiempo, entre polémicas y derivaciones conspiratorias se evidenció lo que se sabía; que existimos en el planeta junto con otros seres vivos, que nada es o sucede aislado ni fortuito, que todo -y todos- estamos vinculados, que no se puede escapar al irrebatible principio de causa-efecto, de ahí su repercusión totalizadora. Sin embargo, como escribió oportunamente el filósofo Daniel Inerarity acerca de los errores e impotencia frente a un fenómeno que afectaba a todos, y la carencia de una mayor integración política, de unidad internacional ante el problema, para fortalecer las acciones necesarias y urgentes. La crisis del coronavirus descubrió la paradoja de un riesgo que nos iguala y al mismo tiempo revela lo desiguales que somos.

Una especie de escenario orwelliano a inundado el orbe de autoritarismo y desesperanza. Con la irrupción del virus y la pandemia que desató, se abrió la Caja de Pandora a escala mundial sobre la situación que arrastra a la mayor parte de la sociedad camino ya a un complejo ciclo de incertidumbres en estos preámbulos del siglo XXI. Al mismo tiempo se ha reactivado la duda, que desde hace tiempo deambula en medios científicos y académicos y por algunos estratos y túneles de los poderes activos mundiales, acerca de las habituales promesas compensatorias del ideal común de la globalización, convertida en distopía. Los esfuerzos renovadores, “emprendeduristas”, el asedio a los programas y técnicas pedagógicas importadas, que se multiplican en todos los sectores de la actividad productiva y de educación, con remedios que despliegan velos sobre sus fines, la fragmentación social constata, por diferentes rutas, las profundas contradicciones del sistema. El globalismo pandémico exhibe a sus verdaderos detentadores y beneficiarios.

En tal dirección, lo que se ha puesto en claro reiteradamente con el virus en boga, es que la desigualdad forma la parte más cruda de la película que se nos exhibe con profusión por las redes sociales y los medios, análoga o metáfora de una actuación mediática que pierde su contenido objetivo al pasar como un espectáculo, una infodemía, que por momentos es de pánico, y consternación, mientras se descubre entre las neblinas del privilegio que existen “trabajadores esenciales”; aquellos antes ignorados o desahuciados por los estratos altos y medios del desarrollo material. Esto acompañado desde hace tiempo por la profusión que se hace de la violencia en el cine, la televisión, por los medios electrónicos y juegos, por las redes que festinan lo superfluo, entre lo que subyacen los atributos que designan cualidades raciales, clases y categorías sociales y el significado de lo humano.

“… toda sociedad se caracteriza por una serie de normas o reglas estructurales de disciplina social, jurídica y económica, pero también una serie de reglas del sentir necesarias para consolidar el mismo sistema. Así, el sistema neoliberal nos ha educado, y nos ha impuesto su propia cultura emocional que se caracteriza por reglas del sentir como, por ejemplo, expresar respeto y admiración hacia las personas de éxito económico, despreciar los estratos sociales más bajos, culpar a otros individuos por lo que no funciona, tener miedo este sea nuestro descontento o vergüenza por compartir nuestro sentir. Estas reglas se manifiestan en estas prácticas cotidianas, como la intolerancia hacia el otro la negación de las problemáticas sociales como la Pobreza, Desigualdad, Violencia de Género, Racismo, y nuevas formas de autoritarismo neoliberal (Gravante y Poma, 2020, pág.210)

En el tiempo recurrente muchos estudios se han realizado y vertido conclusiones acerca de que con la modernización, desarrollista de contenido liberal, también se engendraban ingentes desigualdades y problemas ecológicos y ambientales, desde fines del siglo pasado acelerados con la metamorfosis sustancial del sistema capitalista neoliberal, cuya fuerza y corriente disruptiva, apoyada en los avances y aplicaciones de los medios electrónicos y los flujos de poder financiero dieron cuenta del pasado y emprendieron aceleradamente el paso hacia la formación de nuevos patrones para acopiar plusvalías, explotación del trabajo y de personas, con lo que delinearon controles laborales y rediseñaron roles sociales, y con esto la reproducción acelerada de desigualdades e inequidades, ha resultado en un acelerado crecimiento de la pobreza, que se expresa sobre todo en las ciudades, ahora fertilizadas por la pandemia, que, con y entre sus consecuencias y secuelas, ha generado un cierto nivel de. conciencia social sobre el riesgo para la salud física y psíquica, pero y ha sensibilizado acerca de las diferencias sociales pendientes de corregir.

Como anotó Ana Falu en su trabajo orientado a los problemas de las mujeres en las ciudades:

“Con la intensificación de la globalización se acentuaron las transformaciones en la estructura territorial no como fenómenos independientes, sino como parte de un proceso global de crecientes interdependencias y de alto costo social. Las segregaciones sociales se agudizan y no parece haber indicios para pensar que los procesos de globalización que están teniendo lugar contribuyan a resolverlas: más bien, las han profundizado” (Falú, 2009, p.18). Asimismo, nada nuevo es señalar, que la corrupción y la impunidad, han propiciado una historia que cada vez más adquiere síntomas de tragedia para millones de habitantes del planeta y para todas las especies vivas que la naturaleza comprende. Tal situación encuadra a gobiernos y organismos privados locales, nacionales y transnacionales (los internacionales actúan muy seguido así en la defensa del sistema “democrático”)

En esto se sumó desde la obscura herencia de la apariencia social y físico-biológica, la tipología y el fenotipo del éxito y su aceptación como signo vital; herencia que no se perdió a lo largo del tiempo en el seno de las “costumbres civilizadas” de la modernidad occidental. Los resabios de la discriminación y la segregación, irrigados por un sistema económico y sus modelos, apareció como parte de la lógica del desarrollo selectivo y el modelo de vida. En esa lógica, se asumió en la práctica la existencia de la desigualdad y el lugar social de las mujeres como parte de un destino al que se añadió el status de clase y los “valores” e intereses que animan la tradición de lo considerado común para todos.

La construcción de intemperancias y distinciones de las jerarquías y diferencias entre los habitantes en las ciudades y el campo, caracterizadas por el color de la piel, los ojos, el origen étnico, y el sexo o el género, se expandió por todo el mundo moderno con énfasis en las urbes, con lo que se moldearon las ideas y comportamientos de estigmatización, discriminación y sus resultados funcionales en el modelo de vida y las claves funcionales de un sistema urbano marcado por la desigualdad socioespacial, laboral y política.

La organización moderna del proceso de industrialización, iniciado en el siglo XIX, fue al mismo tiempo la de los procesos que dieron paso a la configuración de los roles y las rentas capitalizables que generaban. Al hombre correspondió -pensada la fuerza física redituable- el trabajo que correspondía a la producción y a las mujeres el cuidado de la reproducción de la fuerza de trabajo operable en el hogar. Todo esto condujo al colectivo social a aceptar como valores entendidos y asumir comportamientos de privilegio para los hombres y de acatamiento a las mujeres, condición que se expresó en todos los órdenes de la vida económica, social, cultural y política, que ha prevalecido hasta recientes décadas a pesar de que la creciente lucha feminista ha logrado avances en el reconocimiento de las mujeres como individuos con derechos plenos.

En esta condición, surgió la generación de las estructuras sociales ancladas en los valores que las clases dominantes adaptaron para controlar -aquí solo anotamos los de la modernización de los últimos siglos- los procesos de jerarquización de los estratos sociales y su ubicación en el territorio urbanizado. Tomaron como cómplice la planeación urbana y la ordenación territorial, entendida como ciudad (ahora inserta en la estrategia de ordenación territorial eco-ambiental).

Montados en el espejo del progreso y el desarrollo, bajo la egida del modelo de desarrollo se dejó de observar y razonar sobre los fines particulares que inciden en la planeación y construcción de las ciudades, escudriñar lo que se vierte entre los ductos del poder efectivo que la construye. La investigación sobre las ciudades, la praxis asumida, se mantuvo y creció profusamente en el marco del modelo especulativo dominante (que se institucionalizó en el siglo XIX y aprovechó en el XX); lubricada su maquinaria e instrumentos técnicos y reglamentos por los grupos empresariales y la gestión oficial para adecuar sus “líneas de producción” y de planeación urbana, hasta el presente. En esta vía las instituciones oficiales académicas y las de investigación científica, enredadas entre las redes del bienestar se convirtieron en reproductoras, con sus excepciones, en donde el número y el boato de los ránquines de revistas “indexadas” substituyeron la forma por el fondo, mientras se alejaban de la realidad social por donde transitaba la desigualdad .¹¹

En este largo proceso alimentado por la historia, los ciclos y los arrebatos de transformación, de la producción y el consumo, los impactos de esquematización ordenadora de las formas y funciones de las urbes definió la senda de los usos del suelo, del asentamiento de habitantes-personas-lugares, para ubicar familias y comunidades en un marco de distribución selectiva de los espacios urbanizados, de sitios de encuentro individuos- hombres y mujeres- en el espacio tanto público como en el privado. Sus planeamientos y arquitecturas, las infraestructuras se correspondieron a una correlación de tratamientos diferenciados para regular el orden, la creación emblemática de espacios y sitios, bajo la égida de un sistema económico-financiero-extractivista. El asentamiento y la movilidad en lugares y sitios de habitación de la ciudad “ordenada” (otros adjetivos se le han agregado: inclusiva, justa, saludable, etc.), ocupó el esfuerzo de los cuerpos de decisión oficial, de la enseñanza y la investigación, incluso del debate público ataviado de ciudadanía.

Sin embargo, en las urbes, especialmente en las formaciones metropolitanas, las islas de conglomerados asentados en la desigualdad socio-territorial, han ido mostrando que en su base la noción oficial de planear las urbes para mitigar la desigualdad se sitúa en el vademécum de una rancia ideología conservadora que se apoderó del discurso y del poder en el mundo y en México desde hace más de un siglo. En sus líneas, la noción del desarrollo aborda el crecimiento por niveles de la clase como parámetro censal; trato diferenciado para las denominadas clases medias soporte del modelo consumista, franja que también ha ido cayendo en sus niveles de bienestar ya incluso antes de la COVID-19, que ha traído graves daños a las economías populares. En este contexto, en las últimas décadas se recobró el papel de las mujeres para pasar a ser un tema común en el tratamiento de la desigualdad.

Vale recordar que la armazón del siglo XX apareció y se reconoció entre la noción de sociedad moderna y democrática, que las mujeres constituían también un sujeto central del proyecto, no un sujeto aparte. Se reconoció la cuestión de género que apareció con su fondo político en el contexto de una desigualdad aplicada formalmente por el sistema de repartos. La disposición tradicional trabajo-hogar, hombres-mujeres, que el armazón del conjunto social decimonónico-histórico, consolidó en el tiempo, dispuesta su prolongación en el siglo XX, había llegado a su punto de concurrencia con el reconocimiento cada vez más amplio de los Derechos Humanos. Esta disyuntiva y la toma de conciencia-acción expresada por colectivos de mujeres, feministas de diversa orientación, recuperaron con firmeza el espacio público de las ciudades para llenarlo con sus demandas de igualdad.

Por otra parte, en este marco, una amplia corriente académica acrítica que se emplaza en el modelo mercantil en boga, abandono, olvido en el análisis, conceptos y categorías científicas -ahora ocupados en las denominadas de frontera y su raíz empírica-pragmática- para dejar fuera del trabajo y el análisis el concepto-categoría de política como parte de la esencia del pensamiento crítico. No debemos olvidar que, como lo enfatiza Giulia Tamayo “el linaje conceptual del que ciertos términos proceden con frecuencia no es objeto de atención, ni tampoco lo son los problemas de sentido que arrastran. (Tamayo, 2009, pág.37)

Cambio social y espacialidad funcional

Parece haber consenso en que una de las más significativas consecuencias de la globalización y de las políticas de ajuste impulsadas en la década de los noventa ha sido la transformación de las ciudades, así́ como en el modo de pensarlas; más específicamente, cómo se las planifica y gestiona. Las ciudades de América Latina han experimentado, a partir de esta década, un segundo periodo de modernización, a diferencia de la etapa de sustitución de importaciones de los años cuarenta y cincuenta, modernización que respondió́ a las demandas del capital industrial. Esta nueva corriente da respuesta a las presiones e intereses del capital financiero, a las grandes inversiones inmobiliarias,

Ana Falú, pág.17

La modernización de los países, consecuencia de la denominada Revolución Industrial, trajo consigo una etapa de acelerado crecimiento de la población y de las urbes en el mundo, en América Latina sucedió durante la segunda mitad del siglo XX. En 2012, en el resumen del Convenio para la Diversidad biológica se enunció que: “Se prevé́ que la superficie urbana total se triplicará entre 2000 y 2030, en tanto que la población urbana prácticamente se duplicará, puesto que crecerá́ de 2,840 a 4,900 (de los más de 7 mil que se pronostican) millones de habitantes durante este lapso. En otras palabras, las superficies urbanas se expanden más rápido que las poblaciones urbanas. En estas se acentuó el ritmo de diferenciación de las oportunidades de acceder a la escolaridad, los estudios superiores y por esta vía a mejores condiciones de trabajo y de vida” (ICLEI, 2012 pág.1).

El orden necesario establecido por el Estado moderno y su modernización cimentada en la interpretación histórica de los valores ético-morales, aceptados por los individuos en comunidad, sirvió para asignar los papeles que correspondían a cada genero-sexo, ya comentado antes, al igual que para reescribir la estratificación socio-económica que permeó la división del trabajo y sus beneficiarios para consolidar la modernización, la industrialización y fuente técnica con la que fundó la disciplina del urbanismo y los determinantes de ordenación y planes, especialmente a partir del siglo XX. De esta manera las tareas que se requerían para alcanzar la sobrevivencia de individuos y comunidades, determinó también la organización del proceso que dio lugar al orden social con el que sustentó la importancia de la familia y su salvaguarda.

Se dispuso el papel de la familia y los roles de cada miembro para consolidar el sistema y el modelo de vida. Al hombre le correspondió por su fuerza física de generación de plusvalía en la producción industrial y la manutención de la familia; a las mujeres la reproducción de la fuerza de trabajo que le confinaba a ser, compañera-esposa, dedicarse a las tareas necesarias para el mantenimiento del hogar y la educación básica de los hijos. Ese modelo fue consolidado por el Estado en el devenir del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, garantía de asentamiento de las clases medias nacientes, siempre con el apoyo de gobiernos (sindicatos, seguridad social, pensión), de las organizaciones empresariales, las eclesiásticas, con la fuerza de los medios de comunicación y la propaganda, propaladores y defensores de la “moral” social.

En gran medida, avanzado el siglo se promovió y construyo un sistema universitario de educación superior que replicó el modelo, con visos de cientificidad. Podemos discutir que además el conocimiento sirvió para replantear los procesos, sin embargo, paso a paso la presión ejercida por los intereses involucrados en la globalización sirvió para ejercer el control institucionalizado de las ideas claves reproductoras del sistema.

Las ciudades y sus procesos de crecimiento y urbanización, alentadas por el capital inmobiliario y el Estado, se encargaron de “planear” los espacios de asentamiento de acuerdo a las características de cada grupo en la jerarquía socioeconómica, en donde sexo y género activaron las diferencias colectivas. Su veredicto fue incluido en el esquema de las costumbres que sustentaban las religiones -Católica, Evangelista, Protestante, Luterana/Calvinista-, neocolonial, con lo que se interpretó el papel de las mujeres y la subjetiva condena del cuerpo femenino al servicio del sistema-modelo (sexo, prostitución, discriminación, derechos controlados por el poder y los hombres, y sobre todo madre), y la asignación del papel de esta al servicio de la conveniente tradición patriarcal.

Dado que las ciudades son estructuras funcionales / culturales / económicas /sociales, las infraestructuras, sus equipamientos y las relaciones que establecen reproducen los intereses del sistema. Allí se cruza la progresión de los derechos de participación en las decisiones y el orden que debía guardar la dualidad producción-género en la ciudad. Con esto se erigió el control hegemónico de la noción masculinizante de las estructuras y funciones de la ciudad.

El rol de las mujeres en la vida de las ciudades y la estructura urbana, la división ciudad-casa-comunidad, centro del proceso moderno nacido en el Renacimiento (que en el devenir reanimó la industrialización y el movimiento moderno en la arquitectura y urbanismo), lleva a referir y citar el trabajo de Zaida Muxi, que permite observar la genealogía espacial mediante un ejemplo que simboliza del proceso dominante heredado:

“La vivienda de la aristocracia del Renacimiento será el escaparate de la construcción de una intimidad nueva, la del hombre que construye su nombre y su patrimonio. En esta casa-palacio que será fundamentalmente representación de una nueva sociedad urbana, guerrera y comercial que se quiere de abolengo y con cultura, aparecerá uno de los espacios más elocuentes en esta nueva situación y metáfora espacial el dominio del hombre sobre la mujer. El gabinete o studiolo es para el hombre por último reducto, inaccesible en el corazón de la casa. Un espacio simbólicamente ornamentado, que se construyó para crear la imagen simbólica del dueño” (Muxi, 2018 pág.57)

Con el ingreso al capitalismo renovado de la industrialización, a las mujeres se les reasignó, dedujo-redujo, a la noción de cuerpo-sexo, servidora-ama de casa, retomado el tratamiento atentatorio contra su dignidad como seres humanos; se omitió que las mujeres son parte y contribuyentes vitales en la reproducción de la acumulación capitalista. Zaida Muxi acude a un texto de Soledad Murillo, El mito de la vida privada explica, para anotar un antecedente significativo:

“(…) a pesar de la Revolución Francesa, en el Derecho Social se continuó inscribiendo a la familia en una sociedad regulada por el derecho natural distinto al que ampara a la sociedad civil y política, y las mujeres quedaban integradas en los derechos naturales de la familia [añade. siguiendo las ideas de Carol Poteman].¹² El contrato sexual, según desarrollo la autora, es aquel que se basa en la sujeción de las mujeres, cuyo origen no está en la desigualdad natural, si no en la legitimación de una diferencia” (Murillo en Muxi, 2018 pág.59).

La industrialización-modernización, no borró esa heredad, solo la adecuó a un nuevo umbral de espacialidad desde el interior de la vivienda, modelo que impactó a las urbes del mundo, con el impulso del capitalismo liberal. La corriente lecorbusiana y el movimiento arquitectónico moderno, sirvieron de crisol donde se fraguó y recicló la relación de dominación que sirvió al sexo masculino para crear, imponer y producir, con el cimiento del sistema económico, una espacialidad para albergar sus satisfactores funcionales en la casa y por traslación a la ciudad. La frase actual de que el urbanismo es machista no deja de tener sentido. La educación fue otro aglutinante; recordemos la división que se dio con escuelas para varones y para mujeres; lección implícita. La estructura de infraestructuras y servicio se desarrolló de esa forma para las actividades masculinas principalmente.

Zaida Muxi, en el texto citado, destaca el papel de las mujeres en la realización de la nueva arquitectura moderna. “Como estamos comprobando, el papel jugado por muchas mujeres en diferentes campos de arquitectura moderna, en los diseños para las nuevas formas de vida fue importante desde el comienzo del siglo XX. Sin embargo, el reconocimiento público es muy escaso. Sus nombres han sido literalmente borrados de la historia de la arquitectura”. Relata así, toda una síntesis-extensa sobre este fenómeno y procesos, por su historicidad, sustentada en la presencia de las mujeres, que tomaron parte esencial en la evolución de la transformación espacial de la arquitectura, especialmente en la vivienda y su organización interior, pero que por razones misóginas o de sujeción intelectual, su participación y nombre no aparece como lo merece en la producción creativa e intelectual de su tiempo.

En la senda de la urbanización

Vivimos en una era en la que los ideales de los derechos humanos se han colocado en el centro de la escena tanto política como éticamente. Se ha gastado una gran cantidad de energía en promover su significado para la construcción de un mundo mejor, aunque la mayoría de los conceptos que circulan no desafían fundamentalmente las lógicas de mercado liberales y neoliberales o los modos dominantes de legalidad y de acción estatal. Vivimos, después de todo, en un mundo en el que los derechos a la propiedad privada y el benefició aplastan todas las demás nociones de derechos.

David Harvey, 2012

Las ciudades se pueden considerar un laberinto, su entramado puede contenerse en un coto cerrado o en un ensamble de barrios de difícil tránsito, ejemplo de las decisiones de poder que forman parte de las urbes modernas. Ese mismo orden las vías de movilidad, articuladas a la eficiencia y creación de plusvalías, sirvieron para atender los deseos de movilidad del capital con la generación de las clases medias -soporte del sistema productivo-. Eso convirtió al “jefe de familia” en centro. La casa-vivienda de los años en los que repuntó la industrialización fue dotada de una cochera para un auto, ya que era el padre el que podía ser su propietario para el uso particular-familiar, y generalmente poseer, utilizar, conducir un automóvil. En otro extremo de la urbe se perdía de vista el sector de los servicios sexuales, la prostitución, predominantemente de mujeres, que se ubicó en las denominadas “zonas rojas” dirigidas al servicio de los hombres. Mientras en las misas dominicales la religión sumaba su contribución con el discurso de la familia y la moral cristiana. La construcción de la ciudad y la vida en esta contiene esencias de violencia que en apariencia no son notables especialmente para las mujeres por el hecho de serlo.

El siglo XX fue uno de polémica, de lucha constante y debate convocado por las mujeres, para establecer y aplicar en la vida pública y personal los derechos que le correspondían en el ámbito humano o en el de la producción colectiva de los bienes y capitales. Lucha que no solo ha sido contra el germen histórico por establecer que si bien la colonización y su continuidad moderna había dejado una estela de desigualdad, discriminación e inequidad; eso debía terminarse. En el XXI continúa.

En esta etapa, el significante concepto de “blanquitud” acuñado por Bolívar Echeverría, que prima en las sociedades modernizadas, ha sido un escollo que amplía los márgenes de desigualdad; que en el caso de las mujeres tenía y mantiene connotaciones que destilan una colección de ejemplos biofísicos que acentúan, respecto de la mujeres, su presencia en el orden social prevaleciente, su sectarización para aceptar su capacidad y posición en el desarrollo social y económico amplio y en el contexto de la ciudades, en donde todavía una gran número subsiste marcada por la clasificación del origen étnico, con la consecuente discriminación y la violencia que eso significa.

¿Cómo se puede analizar entonces la contribución de las mujeres en la construcción de la ciudad, si es un contenedor de violencia urbanizada, en apariencia subjetiva, en contra de la presencia de las mujeres, su desarrollo y dignidad, sus derechos largamente negados-sin negarlos en el contexto y funciones que agitan la vida de las ciudades?

A las mujeres no le ha quedado más que reunirse en un movimiento común, constante, especialmente durante los últimos casi dos siglos. El conflicto histórico logró que se identificaran y volcaran las mujeres en un feminismo de diversos esquemas activos, pero en especial engendró un activismo necesario para revindicar a las mujeres en el espacio urbano, público y privado, pero sobre todo como ser humano pleno de derechos. Existe ya en buena cantidad de estratos sociales unificados, sin relación aparente que no fuese la unidad que correspondía a una lucha común, que al parecer no cejara en sus objetivos.

Es entonces fundamental revolucionar los dogmas que controlan la ciudad y la vida de sus habitantes, introducirse en el fondo y origen del proceso de construcción de las ciudades modernas, para conectarles a las relaciones hombres - mujeres, sexo - género, procesos que en años recientes ha despertado a la realización programas inclusivos, ante la presencia y fuerza ética y “moral” de las luchas emprendidas por los colectivos feministas -de cuño urbano- y sus movimientos de reivindicación, para poner y encontrar límites y coto a las desigualdades imperantes, reconocidas por todos, autoridades, colectivos privado-empresariales, aún trabadas entre las afanosas reticencias de los sectores eclesiásticos y los grupos de derecha conservadores.

En esto último, la crisis de la COVID-19 ha revelado la gravedad aumentada de las relaciones hombres - mujeres en el ejercicio de su naturaleza humana y la relación que se guarda entre estos, no solo en el exterior visible sino hacia el interior de la vivienda común. Habría que reconocer y estudiar más a fondo la violencia en las ciudades, violencia que genera y resguarda el sistema, la expresión cultural de esta y los niveles de prácticas que ejercen los hombres en el hogar. Para las mujeres no ha sido fácil superar los problemas que ha enfrentado para aspirar a un trato de igualdad. Breves ejemplos lo expresan: las mujeres alemanas consiguieron, con la República de Weímar, que se reconociera ser ciudadanos de pleno derecho a partir de 1918 (Muxi, 2018 pág.185). Todavía hoy, en países como Francia, la Ley de Igualdad aprobada en 1972 no ha podido ser plenamente aplicada y respetada.

Como explican Bringel y Pleyers:

“El brote de COVID-19 ha interrumpido una ola histórica mundial de movilizaciones ciudadanas. Desde principios de 2019, oleadas de protestas semanales invadieron las calles de varios países del mundo. Pensemos en Hirak Argelia, en los chalecos amarillos en Francia buenas manifestaciones prodemocracia en Hong Kong. Y también en los jóvenes iraquíes que ocuparon las calles cada semana para exigir oportunidades de trabajo y más democracia. Unas valientes mujeres de Sudán que pusieron fin a una dictadura feroz; en los libaneses saliendo a las calles de forma masiva para poder fin a un sistema político corrupto y confesional. A su vez, en América Latina, masivas, protestas populares, ocurrió en Colombia y, principalmente, en Ecuador y en Chile cuatro el neoliberalismo las desigualdades (pág.23).

En Islandia el 24 de octubre de 1975, se llevó a cabo una huelga nacional conocida como “El Día Libre de las Mujeres” como protesta por la brecha de salarial entre hombres y mujeres. En ese país, Vigdís Finnbogadóttir fue elegida por el voto universal presidenta, fue la primera mujer en el mundo elegida para tal puesto. Ni Una Menos fue la frase que sirvió de insignia el 9 de octubre de 2016. El 8 de marzo del 2018 colectivos de mujeres organizaron el movimiento de Un Día sin una Mujer. El 8 de marzo se realizó en muchos países la protesta-manifestación a la acudieron millones de mujeres, hombres, niños y niñas. En México y en casi todas las urbes principales del planeta se replicaron estas. El 9 de marzo se llevó al cabo un paro nacional de mujeres que se ha convertido en hito. ¿Cuánto más queda por recorrer en el largo camino que deben emprender las mujeres para encontrarse con la igualdad plena, no solo salarial? ¿qué ha pasado con la lucha feminista durante la pandemia?”, estamos convencidos, es un alto en el camino, un breve intervalo que se reactivará tarde o temprano, según la superación de la pandemia ocurra.

Los siempre ciertos-inciertos escenarios

La vida cotidiana está profundamente relacionada con todas las actividades, las engloba con todas sus diferencias y sus conflictos; es su punto de encuentro, su vínculo, su terreno común. Y es en la vida cotidiana donde toma forma y se configura la suma total de las relaciones que hacen de lo humano —y a cada ser humano— un todo. En ella se ex- presan y realizan esas relaciones que ponen en juego la totalidad de lo real, aunque de cierta manera que es siempre parcial e incompleta: amistad, camaradería, amor, la necesidad de comunicarse, el juego, etc.

Henri Lefbvre, 1991

Cuando relacionamos el tema de la desigualdad en el trato profesional y salarial, en las tareas domésticas que requiere un hogar y el cuidado de los hijos, cuando se trata de la violencia que sufren muchas mujeres en el transporte público o en la calle (secuestros, feminicidios, violaciones, etc.), encontramos que regularmente no se toma en cuenta en el proceso de planeación de las ciudades. Muy poco se incluye en el análisis el origen y objetivos de la espacialidad urbana planificada y sus consecuencias respecto de la desigualdad y las mujeres. No se aborda ni se incluye en el análisis el fondo de la desigualdad que provoca el problema de la violencia de género ni los peligros que amenazan a las mujeres en la ciudad, especialmente ahora que en la construcción de lo urbano actúa un esquema especulativo inmobiliario con el que se hace la planeación urbana territorial. Es en tiempos recientes en lo local y en el país, que se comienza a hablar de temas como “senderos seguros” (que no garantizan seguridad y más han servido para la retórica oficial). Lo cierto es que la estructura histórica dominante regida y administrada por hombres sigue su ruta sin tomar en cuenta los millones de mujeres que habitan en las ciudades.

Hoy podemos constatar los sorprendentes avances científicos y tecnológicos que alientan un futuro diferente o inédito, nuevos sorprendentes escenarios en medio de retrocesos que se externalizan ahora con intensidad en la pobreza y la desigualdad. Si bien hoy vive una etapa de peligro para la salud, cierto es también que los procesos de deterioro ambiental, la escalada migratoria, los déficits alimentarios, el problema de un posible sisma por el estrés hídrico, la urgencia de un cambio energético, el excesivo consumo de recursos naturales, la destrucción de bosques, la contaminación de ríos y mares, pone en claro entre otras crisis la escandalosa acumulación de la riqueza y la exagerada especulación financiera, que por décadas ha sacudido a todos los países, ricos y pobres, y además deteriorado, ya de por sí frágiles equilibrios económicos y políticos.

Ante el espectro recurrente de la reciente crisis de dimensión global, que afecta primordialmente la salud de cientos de millones de habitantes del mundo, significada por la pandemia causada por el COVID-19 cuyo germen central de contagio y expansión se ubica en las áreas urbanas-metropolitanas, aún evidentes. Sus consecuentes repercusiones económicas, políticas y humanas, hacen inevitable entrar en una etapa de análisis en perspectiva a partir de un presente-memoria-historia, que en su complejidad debe estimular las investigaciones y trabajar para construir un devenir diferente para toda la humanidad. En este contexto las ciudades, metáfora e imaginario, cimiento y expresión material y funcional de los cambios históricos de los últimos dos siglos de modernización, nos llevan a tratar de encontrar otros conductos y construir conceptos innovadores, pugnar por la igualdad, revindicar activamente el papel de las mujeres, para encontrar nuevas formas de relación social, económica y política que garanticen el respeto todos como seres totales.

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10 En esta investigación participaron además de quien eso anota: Adriana Inés Olivares González, María Teresa Pérez Bourzac, Marco de Paolini, Carlos Crespo y un grupo de estudiantes de las licenciaturas en Urbanística y Medio Ambiente y Arquitectura.

11 Es interesante referir lo que Aníbal Quijano expone sobre que con el descubrimiento de América y la creación del sistema mundo colonial moderno se crea un patrón específico del poder... una relación social de dominación / explotación / conflicto por el control de cada uno de los ámbitos la experiencia social humana... el control del trabajo se organiza entorno a la articulación de sus formas históricamente conocidas por el capitalismo. El control del sexo y la reproducción social de la especie se mantiene a través de la familia burguesa y patriarcal, donde la prostitución sirve como la otra contracara esa misma estructura de autoridad privada. El control de la subjetividad se lleva a cabo por medio de la hegemonía del eurocentrismo en la producción del imaginario del conocimiento. Quijano, Aníbal (2001) “Poder y derechos humanos”. En Poder, Salud Mental y Derechos Humanos. P.25. Carmen Pimentel Sevillana (Ed). Lima, CECOSAM.

12 Cfr. Poteman, Carol (1995) El contrato sexual, Barcelona, Anthropos.

Anexos

Anexo 6.1 Ficha de levantamiento territorial

ANEXO 6.2 Plano plenum, Las huertas, Tlaquepaque, Jalisco, 24 de septiembre de 2027

Figura 23. Equipo de trabajo plano plenum, Las Huertas, Tlaquepaque, AMG, 24/Sept/2017 Instituto de investigación y Estudio de las Ciudades, Instituto Jalisciense de las Mujeres, H. Ayuntamiento Tlaquepaque

Universidad de Guadalajara

RECTOR GENERAL

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí

VICERRECTORA EJECUTIVA

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

SECRETARIO GENERAL

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Dr. Francisco Javier González Madariaga

RECTOR DEL CENTRO

Mtra. María Dolores del Río López

SECRETARÍA ACADÉMICA

Dr. Everardo Partida Granados

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dra. Edith Rosario Jiménez Huerta

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE DISEÑO Y PROYECTOS

Dr. Ramón Reyes Rodríguez

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS

Mujer, seguridad y movilidad cotidiana: la reivindicación de género en periodo de crisis

Se terminó de editar en marzo de 2022, en Estudio Tangente SC, Av Primavera 3032 int-37,

Col. Parques del Bosque, CP 45609, Tlaquepaque, Jalisco, México.

La edición estuvo al cuidado del autor.

Para su elaboración se utilizaron las familias tipográficas Alkes 10/12 pts.

para cuerpo y Revx Neue de 16, 14 y 12 pts. para títulos y subtítulos

La plataforma fue en Macintosh y la diagramación en Adobe InDesign CC.

Libro ePub.